La movilidad de miembros del clero acusados de cometer abusos de menores es un asunto "de gran preocupación" para el Vaticano, aseveró hoy monseñor Charles Scicluna, juez en la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Scicluna codirigió una delegación enviada por la Santa Sede para explicar ante el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño las medidas que la jerarquía de la Iglesia Católica ha adoptado para frenar y castigar los casos de abusos sexuales de niños por parte de sacerdotes.
"La política de Estado (del Vaticano) es que no hay lugar para nadie que haya dañado a un niño", sostuvo durante la segunda parte de la sesión que el comité dedicó a examinar el informe de la Santa Sede sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, que ratificó en 1990.
Scicluna, quien es obispo auxiliar en Malta, explicó que la Iglesia da la mayor importancia a la prevención del delito de pederastia y que su preocupación primordial es "no poner en riesgo a los menores".
"Cada decisión debe evitar todo riesgo para los niños, aunque esto es difícil porque no hay situación que sea de riesgo cero", admitió.
En cualquier caso, "hay que reducir el riesgo de que el responsable (del delito) reincida", recalcó Scicluna.
Sobre los casos de sacerdotes acusados de abusos y que fueron removidos de sus diócesis para ser transferidos a otras, el representante de la Santa Sede aseguró que se han dado instrucciones claras para que no se produzcan más acciones de este tipo.
Asimismo, agregó que los responsables de las diócesis de origen están obligados a informar a las diócesis o congregaciones religiosas de destino sobre cualquier preocupación que exista sobre el comportamiento de un sacerdote.
"La decisión de una transferencia debe ser explicada y ésta es una política que debe ser aplicada", sostuvo.