Egipto vota mañana y el miércoles una nueva Constitución que, salvo sorpresa mayúscula, será aprobada con holgura, por lo que toda la atención se centra en el número de egipcios que acudirán a las urnas a refrendar la nueva Carta Magna.

Más de 52,7 millones de egipcios están llamados a sufragar desde las 09.00 hora local (07.00 GMT) a las 21.00 (19.00 GMT) del martes y el miércoles en 30.337 colegios electorales, cuyo control está desde hoy en manos de las Fuerzas Armadas.

Los llamamientos al "no" son tan tenues, y han sido convenientemente apagados por las autoridades, que, a menos que los Hermanos Musulmanes y sus aliados islamistas den un giro inesperado en su llamamiento al boicot, los detractores de la nueva Constitución optarán por quedarse en casa.

Por ello, el referéndum está siendo interpretado en clave de participación, y en eso ha puesto sus mayores esfuerzos el Gobierno interino y los medios de comunicación.

Por el momento, las cifras de egipcios en el extranjero que han ejercido su derecho no permiten a las autoridades ser demasiado optimistas, ya que únicamente 103.000 de los casi 700.000 registrados han votado, esto es, un 15%.

El objetivo oficial es superar la pobre participación del 33% que acudió a votar hace un año la Carta Magna elaborada por los islamistas, y que salió adelante tras un intenso debate público y la férrea oposición de grandes sectores de la población.

Sin embargo, en esta ocasión, la Constitución parece la gran olvidada en su propia fiesta.

Según una encuesta difundida hoy por el centro demoscópico Basira, solo el 5% afirma haber leído el texto completo, un 36% dice haber leído "partes" y el 59% reconoce no haberlo mirado.

Las autoridades han abordado el sufragio como la puntilla democrática al régimen islamista y piden que los egipcios depositen su papeleta como una forma de apostar por el nuevo régimen tutelado por el Ejército.

Más de 17.000 observadores nacionales y extranjeros supervisarán la convocatoria, si bien la presencia internacional es reducida y los grandes organismos han declinado enviar misiones amplias.

El mayor temor ante la jornada electoral radica en la posibilidad de nuevos atentados terroristas, como los que han sacudido el país en los últimos meses, por lo que se han desplegado más de 160.000 militares en todo el país.

Hoy era fácil ver por cualquier arteria de El Cairo columnas de blindados militares en dirección a algún centro electoral o desplegándose en torno a los edificios oficiales.

Especial atención brindarán las fuerzas de seguridad y el ejército a los pasos fronterizos, tanto terrestres como marítimos, para evitar la posible infiltración de elementos terroristas.

La ausencia de una campaña por el "no" ha dejado en manos de los partidarios del boicot el estandarte del rechazo a la nueva Ley Fundamental.

El único partido relevante que públicamente reclamaba votar en contra, el islamista moderado Egipto Fuerte, instará finalmente a sus seguidores a no votar, después de que siete de sus miembros fueran detenidos.

"No estamos de acuerdo con las decisiones que se han ido tomando a lo largo de este proceso, por eso decidimos retirarnos, rechazamos totalmente la organización de este referéndum", explicó el portavoz del partido, Mohamed Ozman.

Mientras, la Coalición por la Legitimidad, alianza islamista liderada por los Hermanos Musulmanes, celebró la escasa participación de los egipcios en el extranjero y volvió a pedir la abstención en el plebiscito.

"El boicot es la única vía correcta", señaló la Coalición en un comunicado en el que llamó a sus simpatizantes a manifestarse, pero lejos de los colegios electorales para impedir que las autoridades los acusen de haber impedido la consulta.

Pese a haber quedado en segundo plano, la nueva Carta Magna introduce novedades respecto a su predecesora, principalmente a la hora de limar sus aristas de mayor carácter islamista, pero los expertos coinciden en señalar que las diferencias no son en absoluto abismales.

Dos de los artículos más polémicos se refieren a las prerrogativas que se han reservado las Fuerzas Armadas, que han tutelado todo el proceso desde que el 3 de julio de 2013 derrocaron al presidente egipcio, el islamista Mohamed Mursi.

El artículo 234 estipula que la cúpula militar decidirá quién es el ministro de Defensa durante las dos próximos mandatos presidenciales, mientras que el 236 abre la puerta a los juicios militares a civiles en caso de que estén implicados en ataques contra los miembros de las Fuerzas Armadas o sus instalaciones.