La cumbre entre la Unión Europea y la Asociación Oriental comenzó ayer con el regusto amargo de la renuncia de Ucrania a asociarse con la UE, aunque Bruselas se niega a aceptar el fiasco diplomático e insiste en culpar a Rusia.

"No tengo esperanzas de que Ucrania vaya a firmar mañana (por hoy) el Acuerdo de Asociación con la UE, pero la puerta sigue abierta", afirmó ayer en Vilna la canciller alemana, Angela Merkel, que se reunirá con el presidente ucraniano, Víctor Yanukóvich.

La presidencia lituana de turno de la UE tenía muchas esperanzas puestas en esta cumbre, que debía consumar el acercamiento a la Unión de las seis antiguas repúblicas soviéticas europeas y caucasianas (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania).

No obstante, aparte de la firma de sendos preacuerdos de asociación con georgianos y moldavos, la reunión será un duro revés para la diplomacia europea, que ha sido incapaz de convencer a Kiev de las ventajas de una zona de libre comercio.

Ucrania, un país de 46 millones de habitantes, es una pieza muy codiciada por la UE, lastrada por el escepticismo entre sus países miembros, pero la falta de incentivos económicos en tiempos de crisis resultó decisiva.

La cumbre, a la que asisten también el presidente francés, François Hollande, y el primer ministro británico, David Cameron, arrancó ayer con una cena de trabajo en el Palacio de los Grandes Duques de Lituania.

Los presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y del Consejo, Herman Van Rompuy, intentaron hasta el último momento persuadir a Yanukóvich de que el futuro de su país está en Europa y no con Rusia.

La UE intentó jugar la carta de que la mayoría de ucranianos son europeístas, aunque a decir verdad las protestas opositoras de los últimos días contra Yanukóvich no son ni mucho menos comparables con la Revolución Naranja de 2004.

A Vilna se desplazaron los líderes de la oposición ucraniana, con la excepción de la ex primera ministra Yulia Timoshenko, que se encuentra en huelga de hambre en prisión en protesta por la decisión de su Gobierno.

No obstante, Yanukóvich se mantiene en sus trece al insistir en que las condiciones impuestas por la UE para la firma del acuerdo eran humillantes para Ucrania y hubieran supuesto una debacle económica para su país.

Kiev cifra en 160.000 millones de dólares el monto necesario sólo para homologar la legislación ucraniana a la europea, sin contar con el coste que supondría en dinero y empleo la pérdida del mercado ruso, y tachó de "limosna para un pedigüeño" los 1.000 millones de euros que Bruselas le ofreció como compensación.

El comisario europeo de Política de Vecindad, Stefan Füle, tachó las excusas planteadas por Kiev de "infundadas".