El Gobierno portugués avisó ayer de que la última anulación judicial a una ley gubernamental que representaba un ahorro de 900 millones de euros en el sector público supone una traba para cumplir con lo pactado con la troika de acreedores internacionales.

A pocas semanas de que las cuentas del Estado se sometan a un nuevo examen de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el líder del Ejecutivo, Pedro Passos Coelho, ha insinuado en los últimos días que el país se podría ver forzado a otro rescate si no cumple con los ahorros exigidos.

Ayer, durante la clausura de la universidad de verano del partido que lidera, el Social Demócrata (PSD, centroderecha), el jefe de Gobierno no especuló sobre la posibilidad de un nuevo rescate, pero sí resaltó que el gasto público "hay que bajarlo" y de forma "duradera".

Passos Coelho lamentó haber encontrado tantas dificultades para poner en marcha en el sector público la reforma que le exige el rescate después de que el veredicto del pasado jueves se uniera al de abril de este año, cuando el Tribunal Constitucional ilegalizó una batería de leyes que representaban un ahorro de 1.300 millones.

El primer ministro censuró la interpretación demasiado "literal" del principio de confianza invocado por los jueces del alto tribunal, que consideraron que la ley que facilitaba las rescisiones en el funcionariado violaba la promesa de estabilidad de empleo asumida por el Estado y consagrada en la Constitución. "Tenemos un problema para resolver y, si no lo resolvemos, alguien tendrá que hacerlo por nosotros", observó el primer ministro, quien, no obstante, garantizó que presentará rápidamente una alternativa de ahorro a la troika, aunque tan buena como la norma invalidada.

El Ejecutivo, ampliamente reformado en julio para resolver las tensiones entre el PSD y sus socios democristianos, afronta a mediados de este mes la octava y novena evaluación trimestral de la UE y el FMI en la que Passos Coelho barruntó obstáculos por el historial de contratiempos judiciales. "Hoy voy a las negociaciones (con la troika) con más dificultades. Hoy ya no tengo la misma convicción para decirle que no habrá problemas", recalcó, al tiempo que aseguró que como Gobierno siente el "deber cumplido", pues hizo todo lo que estaba en sus manos.