La mayor parte de los empresarios colombianos, entre el 76 y 77 %, apoya el diálogo entre el Gobierno y las FARC y negociar una reforma agraria, pero muchos rechazan asumir costos o contratar a exguerrilleros, según una encuesta publicada hoy.

El sondeo de Invamer Gallup, divulgado por la revista Dinero, dice que el 65% de los encuestados no pagaría más impuestos para financiar obligaciones públicas derivadas de un proceso de paz, frente al 34% que si lo harían.

Además, el 49% tampoco contrataría a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desmovilizados tras un eventual acuerdo de paz, aunque el 40 % sí lo haría.

Y menos de la mitad, un 46%, cree que "esta vez sí se logrará un acuerdo con la guerrilla", frente al 44% que opina lo contrario.

El sondeo, realizado entre 200 altos ejecutivos de las principales compañías colombianas, expone, no obstante, que el 68% cree que sus empresas venderían más y el 79% que se invertiría más en Colombia, con un enquistado conflicto armado interno desde hace 50 años.

Además, el 69% de los empresarios no aprueban la participación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez en la negociación y el 87% considera que el Gobierno colombiano debe exigir a la guerrilla el cese de actos terroristas y extorsivos antes de comenzar a hablar.

En cuanto a los temas de la agenda, el 76% del empresariado está de acuerdo en negociar con las FARC una reforma agraria y el 72% una política ambiental.

Los asuntos que la mayoría de los hombres de negocios no están dispuestos a poner sobre la mesa son la privatización de la minería, que sólo lo apoya un 45%, una reforma financiera (42%), el modelo económico (38%) y la regulación de la inversión extranjera (30%).

El ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, asegura que si Colombia alcanzara la paz, la economía crecería entre uno y dos puntos porcentuales más cada año, según Dinero, que apunta a que además las compañías reducirían sus gastos en seguridad.

Pero el proceso de paz tendría altos costos ocasionados por la inserción de más de 8.000 guerrilleros actualmente activos, de los que se ocuparía la Agencia Colombia para la Reintegración (ACR), creada en 2006 para cobijar a los exparamilitares desmovilizados de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Si estos rebeldes entregaran las armas, la ACR tendría que destinar 164.000 millones de pesos (unos 91 millones de dólares) a esa tarea.

A esos gastos se sumarían los relacionados con la consolidación de las zonas afectadas por el conflicto, ya que precisarían grandes inversiones para su desarrollo, y los vinculados a la reparación de las víctimas, que se estiman entre 25 y 40 billones de pesos (13.800 y 22.000 millones de dólares), concluye el informe de Dinero.