El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló ayer tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la ley SB1070 de Arizona contra la inmigración ilegal en ese estado, aunque mantuvo la que permite a la policía pedir "los papeles" de quienes tenga "sospecha razonable" de que son indocumentados.
Este último aspecto es el que el presidente del país, Barack Obama, destacó como preocupante, pese a elogiar el fallo del Supremo, y renovó su compromiso de trabajar con ambos partidos en el Congreso hacia una reforma migratoria integral.
"Ningún estadounidense debería jamás vivir bajo sospecha solo por su aspecto. En adelante, debemos asegurarnos de que las autoridades policiales de Arizona no apliquen esta ley de forma que mine los derechos civiles de los estadounidenses", dijo Obama en un comunicado emitido por la Casa Blanca.
En su sentencia, los jueces anularon las secciones 3, 5 y 6 de la SB1070, pero mantuvieron la cláusula sobre el control de identificación, lo que, según los activistas proinmigrantes, dará licencia para discriminar a personas que luzcan o tengan acento extranjero.
Muchos hispanos de Arizona -estado fronterizo con México- que son residentes legales o ciudadanos estadounidenses podrían verse requeridos a probar su estatus solo por su color de piel o su acento, lo que supondría una violación de su derechos.