La dimisión hoy del presidente alemán, Christian Wulff, es la primera en Europa Occidental de un jefe de Estado por sospecha de corrupción en los últimos años.

Más habituales han sido las renuncias de ministros o altos cargos por entramados de corrupción, tráfico de influencias u otro tipo de delitos.

Si bien también el antecesor de Wulff, el cristianodemócrata Horst Köhler, dimitió, no lo hizo por un escándalo relacionado con algún tipo de delito, sino por unas declaraciones polémicas sobre la intervención en Afganistán.

El 30 de mayo de 2010 Köhler dejó fulminantemente el cargo tras haber asegurado que, en determinados casos, como en Afganistán, se podían justificar intervenciones militares por consideraciones económicas, lo que generó una lluvia de críticas.

El de Wullf es un caso especial, pues su dimisión por un escándalo de tráfico de influencias salpica al cargo en sí. Como jefe de Estado, su misión es entendida como la de la máxima instancia moral del país.

En Alemania se han producido ya cuatro dimisiones durante el Gobierno de Angela Merkel, y además de los dos presidentes citados, tuvieron que renunciar dos ministros de Defensa, uno en activo, Karl-Theodor zu Guttenberg, y otro, Franz-Josef Jung, cuando había asumido la cartera de Trabajo,

Guttenberg, que era una de las estrellas del equipo de Merkel, y había comenzado en su Gobierno como ministro de Economía, acabó dimitiendo el 1 de marzo de 2011 tras salir a la luz que su doctorado había sido un plagio.

Jung tuvo que dejar la cartera de Trabajo por hechos ocurridos en la legislatura anterior, cuando había sido titular de Defensa, si bien tampoco su caso estuvo relacionado con tramas corruptas.

Al político cristianodemócrata se le acusó de haber ocultado información sobre un bombardeo en Afganistán, ordenado por un oficial alemán, y que produjo más de un centenar de víctimas.

Fuerte ha sido también la "sangría" de ministros en el Reino Unido, y tan solo durante el Gobierno de David Cameron, se han producido tres dimisiones.

Nada más echar a andar el nuevo Ejecutivo en mayo de 2010, el liberaldemócrata David Laws dimitió como ministro del Tesoro por abusar del sistema de dietas parlamentarias, tras solo días en el cargo.

En octubre de 2011, el ministro de Defensa, el conservador Liam Fox, renunció entre las acusaciones de que favoreció a un amigo, Adam Werritty, quien se presentaba como su asesor y lobbista pese a no tener cargo alguno en el Gobierno.

Finalmente el liberaldemócrata Chris Huhne dimitió el pasado 3 de febrero como ministro de Energía después de ser acusado por la fiscalía de ocultar en 2003 una infracción de tráfico, que intentó fuese asumida por su esposa.

En Irlanda, las fuertes críticas y las denuncias públicas le costaron el cargo a dos ex primeros ministros.

Bertie Ahern presentó en mayo de 2008 su dimisión como primer ministro irlandés, por su supuesta implicación en un caso de corrupción urbanística en los años 90, investigación que sigue abierta.

Años antes, en 1992, Charles Haughey también dimitió como primer ministro de Irlanda por un escándalo sobre escuchas ilegales telefónicas a dos periodistas en el año 1982, cuando ejercía su segundo mandato como jefe del Gobierno irlandés.

En Italia, las últimas dimisiones más sonadas se produjeron en 2010 durante el Gobierno de Silvio Berlusconi.

El 4 de julio renunciaba el ministro sin cartera para la Ejecución del Federalismo de Italia, Aldo Brancher, solo quince días después de jurar su cargo por la polémica que levantó su intento de no acudir a un proceso judicial en Milán en el que está imputado por blanqueo de dinero y apropiación indebida.

La más importante de la última legislatura fue la dimisión del ministro de Desarrollo Económico italiano, Claudio Scajola, el 4 de mayo de 2010, por la presunta compra de un apartamento de lujo con dinero negro.

En Francia, el caso más sonado recientemente de un ministro en activo obligado a dimitir ha sido el del ministro de Presupuesto, Éric Woerth, quien terminó dejando el Gobierno ante los numerosos escándalos de corrupción que le relacionaban con la multimillonaria Liliene Bettencourt, heredera del imperio de cosméticos L''Oréal.

La Justicia francesa sospecha, entre otras cosas, que Woerth pudo obtener financiación ilegal para la campaña de Sarkozy.