El Departamento de Estado de EEUU recibió hoy un documento de más de 100 páginas en el que se detallan los cargos presentados contra varias ONG, entre ellas tres estadounidenses, por sus supuestas actividades políticas ilegales.

El Gobierno estadounidense ha comenzado a revisar el documento, remitido en árabe, para "comprender cuáles son sus implicaciones" para los 19 activistas estadounidenses sujetos a investigación de la Fiscalía egipcia en el caso, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, en su conferencia de prensa diaria.

No obstante, Washington confía aún en que las autoridades egipcias accedan a resolver el conflicto por la vía diplomática.

"Seguimos considerando que esto no es, fundamentalmente, un asunto judicial", subrayó Nuland.

"Éste es un asunto entre los dos Gobiernos, y entre el Ejecutivo egipcio y otros países del mundo, sobre el papel apropiado que las ONG, incluidas las egipcias, deben tomar a la hora de apoyar una democracia y garantizar que el entorno para operar está claro, es comprensible, y que tenemos un acuerdo", añadió.

Según la portavoz, el fondo del asunto es "una disputa sobre el papel apropiado de la asistencia de Estados Unidos en Egipto", y eso debe ventilarse "de Gobierno a Gobierno".

Un comité de investigación del Ministerio de Justicia egipcio ordenó el pasado domingo enjuiciar a 43 trabajadores de varias organizaciones de derechos humanos, entre ellos 19 estadounidenses, tras ser acusados de captar fondos extranjeros para financiar sus actividades, algo prohibido en la legislación egipcia.

Esta decisión estuvo precedida por la actuación de la Fiscalía egipcia, que el pasado diciembre inspeccionó 17 locales pertenecientes a 10 ONG en busca de documentos que confirmasen que habían recibido este tipo de fondos, tal como había denunciado el Gobierno.

Según indicó hoy uno de los magistrados encargados del caso, Sameh Abu Sid, las organizaciones acusadas "no son organismos de la sociedad civil", sino que se dedican a asuntos políticos y funcionan de "manera ilegítima".

Además, argumentó que los empleados de esas organizaciones no tenían permisos de trabajo, sino visados de turistas, lo que también vulneraría las leyes egipcias.

Estados Unidos mantiene que sus activistas "no han hecho nada malo y que han tratado de demostrarlo a través de la cooperación con las autoridades judiciales en el plano fiscal, siendo transparentes sobre su historial", dijo hoy Nuland.

En cuanto a la falta de permisos de trabajo, la portavoz indicó que "incluso durante el Gobierno de (Hosni) Mubarak, queríamos que estos grupos pudieran registrarse. Pero les negaron el registro".

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, anunció este fin de semana que, debido a este asunto, Washington revisará la ayuda exterior a El Cairo, valorada este año en 1.300 millones de dólares en asistencia militar y 250 millones en ayuda económica.