El Gobierno francés prepara un dispositivo que se formalizará el mes próximo para reforzar las sanciones contra el fraude fiscal y, en particular, contra los que tienen cuentas en el extranjero y muy especialmente en los paraísos fiscales.
El departamento del Presupuesto y de las Cuentas Públicas confirmó hoy la información revelada por "Les Echos", que anunciaba un texto que se adoptará en Consejo de Ministros el próximo 8 de febrero para que el Parlamento lo pueda aprobar antes de su disolución para las elecciones de la próxima primavera.
Una de las medidas estrella es imponer multas equivalentes a un porcentaje en torno al 5 % de los haberes no declarados en una cuenta en el extranjero, cuando hasta el momento las multas sólo llegaban a los 1.500 euros o, en algunos casos, a los 10.000 si la cuenta está domiciliada en un paraíso fiscal.
Además, las penas de cárcel por fraude aumentarán hasta siete años (dos más que ahora), junto a multas de cerca de un millón de euros (que en la actualidad son de 37.500 euros como máximo).
El Ejecutivo quiere mostrarse particularmente duro con los reincidentes, que serán objeto de sanciones más duras que el resto.
Esta dispositivo se vendrá a sumar a otro que se adoptó en diciembre, y que prolonga el periodo en el que la Administración fiscal puede reclamar cuentas a los defraudadores, al pasar el plazo de prescripción en materia fiscal de tres a diez años.
Los controles fiscales permitieron recuperar 16.000 millones de euros en 2010 en Francia, lo que supuso el 4,5 % de la recaudación fiscal del país.
En cuanto al número de cuentas declaradas en el extranjero, se incrementó significativamente desde las 25.000 de 2007 a 77.000 en 2010. Una evolución en la que no fue ajena la constitución durante 2009 de una célula de regularización.