Los cuatro dirigentes del Jemer Rojo acusados de la aniquilación de unos 2 millones de personas en Camboya comenzaron ayer a ser juzgados por el tribunal de la ONU más de tres décadas después de que su régimen fuera derrocado.

El momento más esperado del proceso que arrancó hace cinco años auspiciado por Naciones Unidas con la finalidad de rendir justicia a las víctimas se cumplió cuando se pudo ver a los imputados en el banquillo de los acusados, aunque no todos se quedarían hasta el final de la sesión.

Khieu Samphan, el jefe de Estado del Jemer Rojo, se encontraba sentado el primero, a su lado Ieng Thirith, la ministra de Asuntos Sociales, al lado de esta su marido, Ieng Sary, viceprimer ministro y titular de Exteriores del régimen, y cerraba por la izquierda Nuon Chea, el número dos e ideólogo de la organización que comandó Pol Pot.

Ninguno de ellos es joven y puede que no vivan para ver el final del juicio si el proceso se alarga demasiado. El mayor, Ieng Sary, cumplirá 86 años en octubre y los menores, Ieng Thirith y Khieu Samphan, tienen 79. Están imputados de genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra, asesinato, tortura y persecución por razones religiosas y de raza.

Disconforme

Nuon Chea, de 84 años, que llevaba un gorro azul y blanco y unas gafas de sol, fue el primero en abandonar la sala para mostrar su disconformidad con todo el proceso. "No estoy contento con esta audiencia", anunció el "Hermano Número Dos" del Jemer Rojo.

Uno de sus abogados, el holandés Michiel Pestman, sostuvo durante la vista que "la investigación judicial ha sido tan injusta que el caso contra Nuon Chea debe detenerse", y acusó al Gobierno camboyano de "obstruir" las pesquisas al impedir entrevistas a testigos clave.

La defensa de Ieng Sary también se mostró molesta y alegó que la instrucción realizada es "incorrecta" porque supone una "vulneración" de su derecho a no ser encausado dos veces por el mismo crimen.

Ieng Sary, que se retiró de la sala con su esposa por problemas de salud, fue condenado a muerte en rebeldía por genocidio en 1979 y perdonado en 1996 por amnistía real.

El estadounidense Michael Karnavas, uno de los juristas que le defiende, afirmó que el tribunal "tiene que ser un ejemplo para las otras jurisdicciones de Camboya y debe por tanto respetar el derecho y el principio de legalidad".