Un tribunal de Bangladesh ha iniciado un macrojuicio a más de 800 soldados acusados de asesinato y otros crímenes durante el motín de la guardia especial de fronteras (BDR) ocurrido en febrero de 2009 que costó la vida a 74 personas, informaron hoy los medios del país surasiático.

La primera vista del juicio, que es el mayor de la historia de Bangladesh, se desarrolló ayer entre estrechas medidas de seguridad en Dacca, y reunió a los soldados acusados y a centenares de abogados de la defensa que requirieron de unos 16 millones de copias de documentos relativos al caso.

"Hay que tener en cuenta que este caso es el primero en el mundo" en cuanto a número de acusados, dijo el juez en el discurso inaugural. "Es un caso tan grande que podemos ocupar un lugar en el ''Libro Guinness de los Récords''", bromeó, según recogió el rotativo bangladeshí "The Daily Star".

Por el motín, se acusó a 824 miembros del BDR, de los que dos han fallecido desde entonces y 21 se encuentran prófugos; a la primera vista han asistido las 801 personas restantes, que serán juzgadas bajo el código penal y se enfrentan a cargos de asesinato, conspiración, y uso de armas y artefactos explosivos.

El magistrado aseguró que las dimensiones del proceso judicial no impedirán que "se haga justicia al cien por cien y se siente un precedente en el mundo".

La audiencia se prolongó durante una hora y media, en la que apenas dio tiempo a que los abogados nombraran a sus representados, al tiempo que se fijó la siguiente vista para el próximo 3 de febrero, momento en el que está previsto que se lea el pliego de cargos contra cada uno de los acusados.

A finales de febrero de 2009, miembros del BDR -un cuerpo que recientemente ha sido rebautizado como BGB- se amotinaron en su cuartel general de Dacca y en otras localidades tras una supuesta disputa por cuestiones salariales con altos mandos militares, que comandan esta fuerza.

Un total de 74 personas, incluidos decenas de oficiales del Ejército, perdieron la vida en la revuelta, que se prologó durante 36 horas en las que la primera ministra, Sheikh Hasina, llegó a prometer una amnistía para los amotinados.

El Gobierno ha denunciado que el motín fue una "conspiración" contra las autoridades civiles e incluso ha dicho haber hallado una "conexión" de un grupo islamista proscrito con la revuelta, aunque no ha precisado este extremo.