Los líderes de la Unión Europea abrieron a primera hora de esta madrugada la vía a una reforma limitada del Tratado de Lisboa para dotar a la zona euro de un mecanismo estable de rescate en caso de que se repita una crisis grave de solvencia como la que afectó a Grecia esta primavera.

Fuentes comunitarias informaron de que los Veintisiete se han puesto finalmente de acuerdo sobre la redacción de un párrafo de sus conclusiones en el que se contempla esta posibilidad, aunque no todavía sobre el lanzamiento de la revisión.

Corresponderá al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, explorar de aquí a diciembre la viabilidad de dicha reforma limitada y volver a informar a los Veintisiete.

Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE respaldaron ayer la mayor reforma de la disciplina fiscal desde la creación del euro, incluidas nuevas sanciones políticas y financieras contra los países incumplidores. El Consejo Europeo, máximo órgano político de la UE, avaló las conclusiones del grupo especial creado en mayo, tras la grave crisis que afectó a Grecia, y que prevén sanciones más tempranas y duras para los países con problemas presupuestarios o que eviten cumplir los consejos para remediar sus desequilibrios macroeconómicos.

El acuerdo que respaldaron los líderes europeos fue cerrado el lunes por sus ministros de Finanzas en Luxemburgo, después de que los máximos dirigentes de Francia y Alemania resolvieran sus desacuerdos en una cumbre bilateral celebrada en Deauville (Francia).

La reforma refrendada ayer introduce una amplia gama de castigos, que se aplicarán a los países de la zona euro desde la fase preventiva, mediante un complejo sistema de activación que pretende ser más automático y menos dependiente del consenso de los 27.

El nuevo sistema, que rebaja las propuestas de la Comisión Europea en este sentido, no satisfizo al presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, que se desmarcó del documento final.

Entre las novedades, destacan los castigos en la fase preventiva, que consistirán en el bloqueo de depósitos que generarán intereses, y que serán devueltos en el caso de que el país afectado tome medidas para corregir su situación en el plazo de seis meses.

También destaca un nuevo sistema de activación que se aplicará para algunas de las sanciones y que consiste en que los castigos propuestos por el Ejecutivo comunitario serán aprobados sin necesidad de pasar por el Consejo.