La Conferencia de Kabul concluyó ayer con el apoyo de la comunidad internacional a que el Gobierno afgano gestione la mitad de la ayuda al desarrollo en un plazo de dos años y a que sus fuerzas de seguridad actúen en todas las provincias a finales de 2014, como había pedido el presidente, Hamid Karzai.

En una declaración emitida al término de la reunión, que congregó a 70 delegados de países y organizaciones internacionales, los reunidos dieron "su firme apoyo a que se canalice al menos el 50 por ciento de la ayuda al desarrollo a través del grueso de los presupuestos del Gobierno afgano en dos años".

La comunidad internacional se comprometió además a asignar en los próximos dos años el 80 por ciento de la ayuda a los "programas nacionales prioritarios" del Gobierno, lo cual no significa que todos estos fondos pasen por sus arcas.

A la vez, el Ejecutivo de Karzai debe acometer "las reformas necesarias para fortalecer sus sistemas públicos de gestión financiera, reducir la corrupción, mejorar la aplicación presupuestaria y aumentar la recaudación" para financiar sus planes económicos.

Los delegados aludieron también a un compromiso adquirido por Karzai y recordaron que "las fuerzas de seguridad afganas deben liderar y llevar a cabo las operaciones militares en todas las provincias para finales de 2014".

Reinserción

La comunidad internacional se comprometió a dar la ayuda financiera y logística necesaria para que, en octubre de 2011, el Ejército afgano esté formado por 171.600 efectivos y la Policía, por 134.000, asunto ya discutido en la Conferencia de enero en Londres y que se considera primordial para que las tropas extranjeras cedan de forma paulatina responsabilidad militar.

Sobre el "plan de paz" propuesto por Karzai y apuntalado en la "jirga" (asamblea tradicional afgana) de junio, los delegados se limitaron a dar su consentimiento a los puntos que ya se habían hecho públicos, siempre que se respeten "los valores y los derechos, incluidos los de las mujeres".

Sin aclarar a cuánto ascenderá en el futuro el fondo de reinserción -anunciado en Londres- para que los insurgentes dispuestos a abandonar las armas y desligarse de Al Qaeda se unan al proceso, la comunidad internacional reiteró su "compromiso" en mantenerlo.

Como contrapartida, el Ejecutivo afgano asumió una larga batería de medidas para aumentar la "transparencia" y luchar contra la corrupción, la gran preocupación de las cancillerías occidentales.

Entre ellas, destacan la presentación para octubre próximo, con "objetivos claros" y plazos de ejecución, de los programas económicos que el Gobierno quiere lanzar con la ayuda internacional, la redacción de una ley de auditoría, la revisión y declaración de bienes de todos los altos cargos y dotar de más transparencia los nombramientos de funcionarios.

Todos destacaron la importancia de que el cónclave haya tenido lugar en Kabul, un empeño de Karzai, aislado tras la reelección presidencial fraudulenta de 2009.