Un juez argentino ordenó hoy la detención de José Alfredo Martínez de Hoz, quien fue ministro de Economía de la última dictadura, en una causa que investiga el secuestro de dos empresarios en 1976, informaron fuentes judiciales.
La orden fue dictada por el juez federal Norberto Oyarbide, una semana después de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales los indultos concedidos en 1990 a Martínez de Hoz y al dictador Jorge Videla, el primero de los cuatro presidentes de la dictadura que gobernó en Argentina de 1976 a 1983.
Dos días después de la resolución del máximo tribunal del país, el secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió la detención en una cárcel común del ex ministro de Economía, de 84 años.
La resolución de la Corte confirmó decisiones judiciales anteriores y fue dictada en la causa que investiga el secuestro de Federico y Miguel Gutheim, propietarios de una empresa algodonera.
Ambos empresarios estuvieron presos cinco meses entre 1976 y 1977 como medida de presión para que aceptaran un contrato de exportación beneficioso para el Gobierno de facto.
Tanto el Gobierno de Cristina Fernández como los organismos de derechos humanos interpretaron que el fallo de la Corte Suprema abre la posibilidad de que sean juzgados los civiles que actuaron como cómplices de la dictadura.
En un aviso pagado publicado la semana pasada por la prensa de Buenos Aires, Martínez de Hoz dijo ser víctima de una "persecución interminable" por parte del Gobierno y la Justicia.
El ex funcionario dijo que "el único objetivo" del proceder de la Justicia es "intentar forzar" su encarcelamiento por "el solo hecho de existir" un proceso judicial por delitos de "lesa humanidad", aun cuando hace 22 años fue declarado "inocente por los mismos hechos".
"A partir de que el ex presidente (Néstor) Kirchner pidió públicamente mi encarcelamiento el 24 de marzo del 2006, diferentes poderes del Estado han utilizado todos los medios a su alcance para lograrlo", señaló en el texto.
En ese sentido, el ex ministro de Economía de 1976 a 1981 consideró que "la Justicia penal federal y la Corte Suprema han sido funcionales a esos objetivos".