La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar inconstitucional varios artículos de la Ley de Caducidad facilita el camino a la anulación de esta norma que otorgó impunidad al aparato represor de la dictadura.
Jueces, políticos y víctimas de la dictadura coincidieron ayer al señalar que el dictamen de inconstitucionalidad de esa ley que el lunes declaró el máximo tribunal uruguayo sobre tres artículos abre las puertas a la revisión de más casos de violaciones de derechos humanos cometidos entre 1973 y 1985.
Es "un punto de partida", dijo Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman y ella misma víctima de la represión de la dictadura uruguaya que en confabulación con la argentina acabó en 1976 con la vida de sus progenitores y la entregó en adopción a la familia de un policía.
"Más allá de la declaración de inconstitucionalidad, es fundamental la expresión del pueblo uruguayo a favor de anular la ley", dijo Gelman.