El relator de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, dijo ayer que "no existen" elementos para hablar de genocidio de los indígenas en la Amazonia peruana, pero recomendó que una comisión "independiente" investigue los recientes enfrentamientos entre agentes del orden y nativos.

Anaya presentó, en una rueda de prensa, las conclusiones del viaje de tres días que hizo a Perú, invitado por el Gobierno del presidente Alan García, para investigar los pormenores de los enfrentamientos que el 5 y el 6 de junio pasado dejaron 24 policías y 10 civiles muertos en Bagua, ciudad selvática del norte del país.

"Como jurista, no encuentro pruebas de los elementos de genocidio, del intento de exterminar a un pueblo como tal; hay revelaciones de violaciones de derechos humanos, pero de los hechos comprobados, de los hechos que se ven, incluso de los hechos que se alegan, no existen los elementos de genocidio", enfatizó.

El representante hizo este comentario al ser interrogado por unas declaraciones del canciller peruano, José García Belaunde, quien dijo ayer en Bogotá que Anaya le había asegurado que "no se puede hablar de genocidio" en los enfrentamientos.

Al respecto, el relator precisó que le dijo al canciller que él no iba a utilizar ese término, tras lo cual hizo un llamamiento "a todos a que sean responsables" al calificar los sucesos. "Ése fue el sentido de mi comunicación al canciller", enfatizó.

Anaya aclaró que no pretende decir "que todo está bien" en Perú, por lo que hizo un llamamiento "a una evaluación, una investigación exhaustiva por parte de una comisión especial e independiente". Al emitir su informe final, Anaya aclaró que "persisten desafíos a enfrentar" para establecer las circunstancias en las que se produjeron los enfrentamientos.

Expresó, asimismo, sus condolencias a los familiares de las víctimas de la violencia y exhortó a las autoridades para que "se protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas, así como que cualquier otra demostración o manifestación se efectúe de forma pacífica".

Anaya agradeció la invitación del Gobierno peruano "y todas las facilidades" que recibió para realizar su visita, una actitud que consideró "un gesto de buena voluntad y apertura" del Ejecutivo.

Remarcó, sin embargo, que durante sus reuniones con autoridades gubernamentales, judiciales, civiles y de los indígenas recibió "versiones divergentes y hasta antagónicas en cuanto a los sucesos". En ese sentido, consideró "necesario realizar un esclarecimiento e investigación completa y objetiva sobre estos hechos, para que todas las partes, así como la población en general, tengan claridad sobre lo ocurrido".

Recomendó que se establezca una comisión "especial e independiente", en la que participen instituciones con credibilidad y los indígenas, y que se considere "la participación de actores de la comunidad internacional".

"Como una medida de creación de confianza para avanzar en el proceso de diálogo, el relator recomienda revisar las imputaciones y procesos judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas, cuya participación en el diálogo es indispensable", acotó.

Anaya, aborigen del pueblo norteamericano apache, dijo que Perú "tiene ahora una buena oportunidad para establecer una buena práctica de alcance internacional al traducir la voluntad manifiesta de cumplir sus compromisos internacionales".

El relator manifestó, por último, su "disponibilidad e interés de realizar una visita posterior al país, con el fin de dar seguimiento a lo observado y también de examinar la situación general de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas".