Darle la vuelta al urbanismo que ha practicado Coalición Canaria en los últimos años. No con estas palabras, pero sí con esta intención asumen los socialistas el área municipal más polémica y potencialmente más dañina, a sabiendas de que los ojos de su electorado y de muchos de quienes los abandonaron en las elecciones del 22 de mayo estarán pendientes de la gestión que hagan de los puntos más calientes.

Así, el documento firmado la noche del jueves entre CC y PSC, al que ha tenido acceso este periódico, deja bien claro que los primeros están dispuestos a aceptar las exigencias de los segundos en cuestiones como la ejecución de la sentencia de Las Teresitas, que obliga al ayuntamiento a recuperar el dinero que pagó en su momento, 52,6 millones de euros, por la compra del frente de playa, a derribar el aparcamiento que se estaba construyendo en el inicio de ésta -el denominado "mamotreto"- y a modificar sustancialmente el muy contestado Plan General de Ordenación (PGO), que ha sido remitido ya a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

Ninguno de estos temas son fáciles de asumir para los nacionalistas, sobre todo teniendo en cuenta que serán gestionados por quien durante varios años ha sido su "bestia negra" urbanística, el concejal socialista José Ángel Martín.

Además, supondrá una auténtica prueba de fuego para la estabilidad del acuerdo, teniendo en cuenta que las posiciones de unos y de otros durante este tiempo en la materia han sido sustancialmente diferentes.

El pacto suscrito ya entre CC y PSC establece con claridad una hoja de ruta para cambiar el PGO más allá del último informe que realizaron los técnicos de la Cotmac y que hicieron público la semana pasada.

El propio candidato socialista a la Alcaldía y primer teniente de alcalde desde hoy, Julio Pérez, aseguró ayer que los planes de su equipo no pasan, ni mucho menos, por limitarse a las recomendaciones de la Comisión, recogidas en unos pocos folios. Irán más allá.

El documento del pacto garantiza que se añadirá al PGO un catálogo de edificaciones que han quedado fuera de ordenación.

El catálogo es una de las principales exigencias de las plataformas críticas con el planeamiento, que los socialistas habían abanderado y que no fue asumida por el anterior equipo de gobierno, liderado por el también nacionalista Miguel Zerolo.

Fuera de ordenación

No obstante, como la existencia de este documento no reduce los casos de propiedades fuera de ordenación, el pacto establece acudir a la legislación autonómica que fija los baremos que obligan a dejar en esta situación a un buen número de inmuebles.

Esto haría necesaria la colaboración de PSC y CC también en el Parlamento de Canarias con el objetivo de suavizar la actual normativa.

No obstante, y pese a estos cambios, Julio Pérez ya ha advertido de que, aunque se realicen estas modificaciones, no será posible incluir en la ordenación municipal las miles de propiedades que no lo están ahora mismo.

El acuerdo entre ambos partidos para gestionar el urbanismo de la capital tinerfeña establece que no se iniciará de nuevo la tramitación del planeamiento, un proceso que podría demorarse, en ese caso, varios años. De lo que se tratará es de lograr un plazo por parte de la Cotmac introducir importantes modificaciones.

Un pleno de urgencia

El nuevo equipo tendrá cuatro meses para lograr el nuevo plazo, ya que ese es el período transcurrido el cual el PGO decaería y sería necesario empezarlo de nuevo.

Ese nuevo plazo, según el documento, sería de no más de 18 meses, en los que se introducirían importantes cambios y se remitirían a la Cotmac para su aprobación definitiva.

Todo ello se iniciará en un pleno municipal que, tal y como recoge el acuerdo de gobierno, deberá ser convocado por el nuevo ayuntamiento a la mayor brevedad.