Aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre de 2006, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia -más conocida como Ley de Dependencia- no deja indiferente a nadie. En pleno debate preelectoral, ningún partido duda del objeto de su creación, pero muchos ponen en entredicho su aplicación en Canarias. Nueva Canarias (NC), Partido Socialista Canaria (PSC) y UPyD critican la aplicación que de la norma ha hecho en el Archipiélago el Ejecutivo regional. El Partido Popular (PP), en cambio, es reticente a valorar su desarrollo en las Islas, pero sí critica algunos aspectos normativos que, entienden, perjudican a Canarias. Mientras, Coalición Canaria (CC), principal responsable de su aplicación, defiende con rotundidad su gestión, y pone en duda los argumentos de sus adversarios.
PP.- La número cinco al Parlamento por Tenerife, Maribel Oñate, opina que la Ley de Dependencia tiene una serie de "desajustes" que afectan a Canarias. Denuncia Oñate que, en muchos casos, el Estado no ha pagado la parte que le correspondía a la Comunidad Autónoma, que ya contaba con una ley que atendía a los dependientes mayores y con discapacidad.
"Cuando se aprobó la Ley de Dependencia confluían los dos sistemas, porque no se podían cortar de golpe las ayudas que se otorgaban ya en Canarias, y esto derivó en dificultades", apunta la representante del Partido Popular, quien considera que Coalición Canaria no ha sabido negociar con el Estado la refinanciación de la ley.
En este sentido, critica también Oñate que la norma "prime" la superficie del territorio frente a la insularidad a la hora de establecer la financiación, un aspecto que, a su juicio, perjudica a Canarias y que el Partido Popular se compromete a modificar si logra gobernar. Además, los populares hacen hincapié en la necesidad de "prevenir" las enfermedades que puedan derivar en la pérdida de autonomía, así como en buscar una "cartera de servicios" con unos baremos de evaluación y acreditación de centros y servicios "coordinados" por el sistema de salud y el sistema nacional de autonomía personal y afectados de dependencia.
UPyD.- El secretario general de UPyD en Canarias, José Luis García, dice tener "una mala impresión" de cómo se ha desarrollado la Ley de Dependencia en Canarias, entre otras cosas porque los niveles de aplicación "están a la cola", y reconoce que la norma ha sido uno de los "grandes logros", pero lamenta que el Gobierno canario "no haya hecho los deberes".
UPyD exige al Ejecutivo que elimine algunas partidas económicas que ahora mismo "soportan" los canarios, y que las aplique a la Dependencia. "Si los 38 millones que cuesta la Radiotelevisión Canaria los empleáramos en la Ley de Dependencia, podríamos aumentar un 20% su aplicación, por lo cual estaríamos a día de hoy en el entorno del 70%, que es la media nacional", asegura García, quien también propone eliminar observatorios y entes públicos, e, incluso, la Policía Canaria.
Y es que para UPyD es "vital" la aplicación de esta ley en Canarias, sobre todo de cara a los próximos años, pues habrá una mayor población necesitada de ayudas. Además, considera que puede ser una buena fuente de creación de puestos de trabajo, en tanto en cuanto la atención a estas personas necesita de nuevos contratos.
PSC-PSOE.- Más crítica aún con la aplicación de la ley en Canarias es la número dos de la lista al Parlamento por Gran Canaria, Francisca Luengo, quien considera que en los cuatro años de vigencia de la ley "Canarias no ha salido del deshonroso último lugar". "Es la última en el número de solicitudes, en valoraciones, en dictámenes y en los planes individuales de atención", lamenta Luengo, quien incide en que en Canarias no acceden al sistema "cerca de 40.000 personas".
Además, critica que en cuatros años solo se haya atendido a algo más de 10.300 personas. "Esos 30.000 que dicen en el Gobierno es mentira", asegura Francisca Luengo, quien subraya también que Canarias sigue "a cero" en teleasistencia y en ayuda a domicilio. Al respecto, la representante del PSC lamenta que "por la mala gestión" que ha hecho el Ejecutivo de la ley las Islas hayan perdido 30 millones de euros. "Como Canarias no atiende se le castiga", remarca.
En este sentido, el PSC propones reducir a seis meses los plazos para que un dependiente reciba una prestación económica. Además, los socialistas se comprometen a poner en marcha "de verdad" la Ley de Dependencia, de cuya aplicación esperan lograr los 15.000 empleos que, a su juicio, ha dejado de crear el Gobierno regional. El PSC también avanza que aplicará la norma contando con ayuntamientos y cabildos, de tal forma que los dependientes podrán gestionar sus ayudas en la administración más cercana.
Nueva Canarias (NC).- El número tres de NC al Parlamento por Gran Canaria, Pedro Quevedo, reconoce que gran parte de los problemas que ha generado la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias surge de la falta de definición de las competencias. Así, precisa que pese a que la mayor parte de ellas las tienen los cabildos, la gestión la asumió el Gobierno de Canarias, lo que ha motivado que esta sea la peor Comunidad Autónoma en el desarrollo de la norma.
Según Quevedo, en las Islas hay 20.000 personas a la espera de que se le reconozcan sus derechos, y esto al margen de que los cabildos "sospechan" que los recursos que vienen del Estado han sido utilizados por el Gobierno de Canarias para "sustituir" el esfuerzo que hacían con los anteriores planes sociosanitarios. "Por eso el Ejecutivo no quería que los cabildos gestionáramos la ley", incide Quevedo, quien coincide con Francisca Luengo al señalar que Canarias ha perdido "mucho dinero" por la mala gestión de la ley.
Al respecto, NC propone, al margen de la necesaria transparencia en los recursos estatales y autonómicos, que sean las corporaciones insulares las que asuman la gestión de la Ley de Dependencia, "porque hemos demostrado que somos capaces de hacerlo". Además, propone la creación de un nuevo sistema canario de dependencia, "donde se discuta todo".
CC.- Por el contrario, la consejera regional de Bienestar Social y número uno de la lista al Parlamento por Lanzarote, Inés Rojas, remarca los esfuerzos que ha tenido que hacer la Comunidad Autónoma para desestructurar el sistema que ya había en Canarias, y poder crear así el nuevo Sistema Canario de Atención a la Dependencia (SICAD), integrado ya en la Ley de Dependencia. Sostiene Rojas que en los últimos tres años se han dado "pasos transitorios", de tal forma que como que la ley estatal se ha estructurado para que concluya en 2015, Canarias en 2013 habrá culminado todo su sistema.
En este sentido, Rojas considera que las críticas que partidos como el PSC hacen de la aplicación de la ley en Canarias son "demagógicas", y cree que los socialistas han hecho de la norma un "bastión electoral". Afirma la consejera regional que Canarias "mantiene" las "buenas prácticas", esto es, que se siguen manteniendo algunos aspectos que no contemplaba la Ley de Dependencia, y destaca al respecto que la norma en Canarias "no solo se está aplicando bien, sino que se está encajando con garantías".
"Estos años han sido duros, pero la valoración es positiva", afirma Inés Rojas, quien avanza que CC propone que Canarias cuente con un único sistema de atención a la dependencia, que el Estado pueda financiar en un 50%, tal y como establece la ley. Además, pide que la norma tenga "garantías jurídicas".