La reforma del modelo de estiba por imperativo europeo, que había desembocado en la convocatoria de tres días de huelga, ahora en suspenso, se juega a partir de ahora en dos tableros: el de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, y el del Congreso, que debe aprobar los cambios legales.

Coincidiendo con este compás de espera, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a empresas y sindicatos del puerto de Vigo por posibles prácticas anticompetitivas en el ámbito de la estiba.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha insistido hoy en que algunas demandas de los estibadores no se pueden incluir en el real decreto-ley que regulará el nuevo modelo de estiba, pero sí se pueden incorporar a través de la negociación colectiva con las empresas.

En paralelo, ha pedido "responsabilidad" a los grupos de la oposición para que convaliden el real decreto-ley en el Congreso y eviten que España tenga que pagar una multa de 134.000 euros diarios.

De momento, para facilitar el diálogo, la norma no irá al Consejo de Ministros de mañana, viernes, que era la fecha prevista, y se retrasará una semana.

El plazo se puede quedar demasiado corto a tenor de las declaraciones de los estibadores.

El responsable en Andalucía de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Manuel Cabello, se ha mostrado confiado en llegar a un acuerdo con la patronal y ha avanzado que la negociación "no debe durar más allá de dos semanas".

El presidente de Boluda y de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha dicho, después de reunirse en Madrid con De la Serna, que es "muy complicado" resolver el conflicto en una semana.

Boluda ha apuntado a una de los potenciales escollos, que el periodo transitorio fijado en el real decreto-ley sea de tan sólo tres años.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, que ha estado en la misma reunión, ha explicado que el Gobierno pidió a la Comisión Europea (CE) un periodo transitorio de siete años, pero el Ejecutivo comunitario no aceptó más de tres.

En Bruselas, el portavoz comunitario Margaritis Schinas ha dicho que España y la CE están en contacto para buscar soluciones que garanticen el cumplimiento de la normativa europea, la competitividad de los puertos y "una protección adecuada de los trabajadores".

Schinas ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictaminó en 2014 que el régimen portuario español restringe el libre establecimiento de los operadores.

En 2016, la CE llevó por segunda vez a España ante el Tribunal de la UE por no cumplir la sentencia anterior. La segunda sentencia se espera en breve.

El coordinador general de la CETM, Antolín Goya, ha subrayado hoy que los estibadores están dispuestos a aceptar las obligaciones derivadas de la sentencia europea pero "con garantías de estabilidad" en el empleo.

En la arena política, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha felicitado por la desconvocatoria de los paros y por la decisión de Fomento de retrasar una semana la aprobación del real decreto-ley.

Rivera ha abogado por "dejar a las partes que lleguen a un acuerdo" y ha recordado que la modificación de la estiba debe pasar por el Congreso.

En la misma línea, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ha pedido que el real decreto-ley sea fruto del acuerdo.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado "los tintes autoritarios" del Gobierno y ha deseado suerte a los estibadores en su negociación con la patronal.