Facua-Consumidores en Acción ha denunciado la "gravísima irresponsabilidad" de las comunidades autónomas al no multar a la banca por las cláusulas suelo tras la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia.
En un comunicado, Facua recuerda que han transcurrido casi cuatro años de las denuncias interpuestas por la asociación contra veinte bancos ante las autoridades de protección al consumidor autonómicas, sin que ninguna haya impuesto multas proporcionales a las dimensiones de este macrofraude.
Esta organización ha puesto en marcha una plataforma a la que los afectados pueden sumarse a través de la web Facua.org/miclausulasuelo.
La asociación, que tiene cientos de causas judiciales abiertas, interpondrá nuevas demandas para reclamar la devolución de las cantidades cobradas por la cláusula suelo más los intereses legales en caso de que no se ponga en marcha un procedimiento extrajudicial para la resolución de los casos.
Ha advertido de que sólo la presión del Gobierno y de las comunidades autónomas puede llevar a la banca a asumir vías de resolución extrajudicial de las reclamaciones de los usuarios, que van a producirse de forma masiva tras la sentencia del TJUE que determina la retroactividad total en la devolución de las cantidades cobradas de manera fraudulenta por la falta de transparencia de las cláusulas suelo.
La asociación critica la "absoluta pasividad" con la que los Gobiernos de Zapatero y Rajoy permitieron que la banca "cometiera el fraude".
Facua critica que, tras la sentencia del TJUE, el Ejecutivo "siga sin mover un dedo en defensa de los intereses de los hipotecados y, en lugar de instar a la banca a devolver el dinero mediante un protocolo que no obligue a alargar el caso por la vía judicial, se ha limitado a anunciar que reforzará los tribunales ante la avalancha de demandas que se avecinan".
En relación con las comunidades autónomas, Facua lamenta que ningún presidente autonómico haya anunciado actuaciones sancionadoras contra los bancos, pese a que se trata de competencias exclusivas de sus autoridades de protección al consumidor.