El Tribunal de Cuentas teme que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) esté pagando "prestaciones fraudulentas" como consecuencia de la ineficacia en su gestión, su "falta de previsión" y la falta estructural de personal que sufre desde hace años, según consta en el "Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fogasa, ejercicio 2013".
Según el documento, a 31 de diciembre de 2013 existían 221.384 expedientes pendientes de resolver, un 67% más que un año antes y un 295% por encima de la cifra de 2007. En el mismo periodo, la plantilla del Fondo sólo se incrementó un 0,07%.
Esto elevó a 201,52 días el plazo medio de resolución de cada expediente, muy lejos de los tres meses previstos legalmente y por encima de los 185,47 días que se marcaron en 2012. Las unidades más "colapsadas" fueron Barcelona (395 días), Madrid (379 días) y Valencia (354 días).
Según el Tribunal, esta acumulación "no es consecuencia de un hecho económico aislado y concreto, sino del incremento de empresas que han venido desapareciendo durante varios ejercicios", lo que a su juicio "denota una falta de previsión" del Fogasa, que "debería haber adoptado medidas urgentes y extraordinarias para paliar los efectos del progresivo y predecible aumento de solicitudes".
Desde el Ministerio de Empleo achacan esta falta de previsión al anterior Ejecutivo socialista, ya que según sus datos las solicitudes se incrementaron un 1.631,31% entre 2007 y 2011 "sin que se tomara ninguna medida ni para aumentar la plantilla ni de otro tipo" y pese a que todos los indicadores "señalaban ya claramente el colapso" en 2008.
En estas circunstancias, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda cree que la falta de personal conlleva un "importante riesgo de extravío de documentación" y de "defectos y demoras" en los expedientes, pero además teme que se estén pagando prestaciones de forma "fraudulenta" y sin ningún control efectivo. Y es que a la falta de datos estadísticos completos y precisos sobre concursos, juicios o situación laboral de los trabajadores, que pueden afectar a la procedencia de las solicitudes, se suma que el número de letrados es "insuficiente" y que no hay un procedimiento homogéneo para decidir a qué juicios asisten, sino que "cada uno decide discrecionalmente, sin justificar los motivos de su no asistencia".
De hecho, la asistencia a los juicios indirectos apenas llegó al 30% entre 2012 y 2013 -en unidades como las de Badajoz, Castellón, Jaén o Tarragona el dato no alcanza el 2%-, pese a que el 56% de los casos en los que sí se personaron acabaron con sentencias favorables al Fondo.
Esto supone que se están abonando prestaciones a pesar de darse circunstancias como que el trabajador no estuviera de alta en la Seguridad Social o que exista fraude.