En aquella sentencia, el tribunal imponía a 4B la obligación de facilitar determinada información a la Agencia Tributaria, datos sobre personas o entidades titulares de tarjetas de débito y crédito gestionadas por 4B que hubieran realizado pagos por un importe igual o superior a 30.000 euros anuales durante los ejercicios 2006 y 2007.
4B sostenía que no tiene relación alguna con los usuarios de tarjetas, que su función se limita a gestionar el sistema y procesar los datos que le suministran los bancos.
Y aunque el Supremo reconoce que 4B no tiene relación directa ni con los titulares de las tarjetas ni con los comercios en los que ésta se emplean, sí reconoce un "un deber general de información y colaboración con la Administración tributaria".