El Observatorio Económico de Andalucía aboga en un informe por rediseñar las políticas activas de empleo ante los "indicios de gestión irregular y sus mediocres resultados", y para ello plantea avanzar en la transparencia, en la asignación competitiva de fondos y en la evaluación externa de los resultados.
En un informe sobre las políticas activas de empleo defiende una reorganización completa del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para ofrecer un "servicio más ágil y vinculado a las necesidades de la estructura económica de cada territorio".
Esa reorganización del SAE pasa por incentivos salariales para el personal dedicado a la orientación laboral para que sus retribuciones dependan más de los resultados obtenidos por los parados a los que asesoren.
También propone aplicar un sistema de incentivos y castigos para los desempleados que participan en estas acciones, ya que -argumenta- sólo serán efectivas las políticas activas de empleo si los desempleados perciben como perjudicial no tener una búsqueda activa de empleo.
Apuesta por la concesión competitiva de todos los cursos para que acaben siendo impartidos por las instituciones y empresas que demuestren un mayor éxito de competencia y en inserción.