El Gobierno ha decidido incluir el edificio de la calle Barquillo de Madrid que estaba destinado a albergar la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el programa de enajenación de activos inmobiliarios del Estado, si bien defiende la legalidad de toda la operación de compra del inmueble en el año 2008.
El pasado marzo, El Mundo informó de que la CNE pagó en septiembre de 2008 unos 19 millones de euros por este inmueble, en el que se iban a instalar sus 220 empleados. Sin embargo, la necesidad de reformar integralmente el edificio para poder utilizarlo y la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) frustraron estas intenciones.