La venta online y las tiendas por internet deben adaptar sus condiciones generales de contratación a la nueva Ley de Consumidores y Usuarios que afecta al comercio electrónico y que entró en vigor el 13 de junio en 26 países miembros de la UE (en Bulgaria y Polonia se ha retrasado su aplicación).

Consiste en la aplicación de la Directiva comunitaria europea de Derechos del Consumidor (2011/83) que armoniza ciertos aspectos de las actividades de la venta online.

En concreto, afectará al derecho de desistimiento de los consumidores y a los requisitos y deberes de información por parte de los vendedores online. Tras la comunicación del desistimiento el consumidor tendrá que devolver la mercancía en un máximo de 14 días naturales (en lugar de 7 como anteriormente). Si el vendedor no informa al consumidor sobre su derecho, según la ley, el plazo se ampliará hasta doce meses después de la fecha de expiración del periodo inicial.

Una novedad es que se regula el desistimiento en caso de que el consumidor adquiera un determinado servicio. La ley distingue entre la adquisición de un producto o un servicio. Del mismo modo, se introducen nuevas excepciones al derecho de desistimiento que afectan a los productos que hayan sido desprecintados.

También se establece que el empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor y usuario, incluidos, en su caso, los costes de entrega. De ejercer el desistimiento, el consumidor cargará con los costes de devolución y el empresario con los costes de entrega ordinarios. En el caso de que el consumidor utilice un método de envío más costoso al método de envío ordinario, el consumidor cargará con la diferencia de precio.

Otra cuestión que cabe resaltar es que cuando la realización de un pedido implique el pago de una determinada cantidad como contraprestación por el servicio o producto solicitado, el botón de pedido debe contener la expresión "pedido con obligación de pago" u otra expresión similar, pero que no sea ambigua. Esta modificación es como un compromiso de pago que adquiere el consumidor.

Las inspecciones a las empresas pueden ser fruto de la denuncia o queja de un consumidor o porque las autoridades de consumo decidan elaborar un plan de vigilancia y control de oficio.