El Gobierno aprobó ayer que el Registro de la Propiedad y la Dirección General del Catastro puedan compartir de forma segura los datos sobre inmuebles con el objetivo de evitar errores y aumentar la seguridad jurídica.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que la coordinación de la información es fundamental para identificar inmuebles y evitar informaciones contradictorias e incompletas sobre un bien.

Todo ello porque en ocasiones la información de la que dispone el Registro y la que cuenta el Catastro ha provocado "inexactitudes" y ello genera inseguridad, pues a modo de ejemplo, hay ocasiones en las que una misma finca aparece inscrita varias veces.

Por esta razón se aprobó el anteproyecto de reforma de la ley hipotecaria y de la ley del catastro, que establece que con carácter general se utilizará la cartografía del Catastro y, excepcionalmente, siempre que una ley lo prevea, se podrá presentar al Registro una representación gráfica georreferenciada alternativa y compatible que se incorporará al Catastro.

Por otra parte, notarios y registradores de la propiedad serán los responsables de los expedientes de inmatriculación de fincas, la rectificación de superficie, la incorporación de bases gráficas, el deslinde, la reanudación de tracto, la duplicidad de inscripciones y la liberación de cargas.

Por otra parte, el Consejo de Ministros decidió ayer reforzar las medidas para combatir la pesca ilegal y potenciar el "turismo marinero", con un proyecto de reforma de la Ley de Pesca Marítima, previsiblemente, la última iniciativa de calado de Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Dio luz vede a un anteproyecto que tiene como objetivo "poner al día" normas pesqueras que datan de 2001, acoplarlas a los avances en las reglas comunitarias y a la necesidad de una "revisión en profundidad", según dijo Arias Cañete, en rueda de prensa. Indicó que, de esta forma, el Gobierno se adapta a la última reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) y a los dictámenes de la ONU contra las flotas y operadores ilegales.

Otro propósito de la legislación es reconocer la igualdad de trato entre hombres y mujeres en la pesca y acuicultura, así como potenciar a las emprendedoras en este ámbito.

La ley tiene varios bloques, dos de los cuales están relacionados con las penalizaciones para los operadores que no actúen de forma "sostenible".