La UE intenta llegar mañana a un acuerdo político para la creación de un mecanismo y un fondo únicos de liquidación de la banca, pero para ello tienen que superar todavía varias diferencias y decidir qué institución europea tiene la última palabra y cómo financiar el bote común hasta que esté lleno.

Los ministros confían en un acuerdo, entre otras cosas porque Alemania accede ahora a que la institución que apriete el "botón" sea la Comisión Europea (CE), aunque quiere que la decisión la tome el Consejo Ejecutivo y no "unilateralmente" por parte de Bruselas, según fuentes diplomáticas.

De esta manera, el papel de la CE se reduciría a certificar una decisión tomada en el consejo ejecutivo del mecanismo, compuesto por un director ejecutivo, cuatro miembros independientes, el Banco Central Europeo (BCE) como observador y el país o los países miembros afectados por la reestructuración o liquidación de una entidad o un grupo.

La idea de Berlín es que la CE tenga un papel formal pero que materialmente ocurra lo que decida en este consejo ejecutivo.

Todavía no está claro si el Consejo de la UE -institución europea que representa a los Veintiocho- también puede desempeñar un papel para decidir sobre el uso de dinero procedente del fondo único de resolución.

Lo que quiere Alemania es que, cuando se recurra a financiación del fondo, sea el pleno del consejo del mecanismo -en el que están presente todos los Estados miembros- el que tome las decisiones y además basado en el artículo 352 del Tratado de la UE que requiere unanimidad, señalaron las fuentes.

Otro aspecto que aún está sobre la mesa es el alcance del mecanismo de resolución, si éste debe cubrir los 6.000 bancos de la eurozona o solo los 130 más importantes.

Alemania defiende un sistema similar al del supervisor bancario único encabezado por el BCE, que supervisa a todos pero directamente solo a los sistémicos, dejando fuera a las cajas de ahorro germanas.

Así, habrá normas centrales para los bancos transfronterizos, lo que equivaldría a los 130 bancos que el BCE supervisa directamente, y los demás quedarían bajo el umbral de las autoridades nacionales de resolución, de acuerdo con las fuentes diplomáticas.

El fondo único de resolución tendrá un volumen pretendido de entre 45.000 y 55.000 millones de euros en diez años y se nutrirá de aportaciones anuales de la banca, que tendrán que aportar un 10 % del volumen, es decir 5.500 millones de euros.

La pregunta es cómo se calcularán esas contribuciones. En principio está claro que las entidades "que más riesgos corren" por ser sistémicas aportarán más, según las mismas fuentes.

¿Pero qué hacer cuando quiebran bancos y el fondo todavía no ha alcanzado el volumen pretendido o el nivel suficiente?

Alemania aboga por que se recurra primero al Estado, es decir al fondo nacional de resolución (el FROB en el caso española) y si ello no es suficiente, que pida el país miembro un crédito al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), como ha hecho España.

El MEDE, en todo caso, sostiene Berlín, tiene que ser el último cortafuegos posible en la cadena.

Hasta que esté lleno el fondo, hay que buscar una solución transitoria en la que jugarían un papel importante los fondos nacionales.

Pero hay que decidir todavía hasta qué grado se mutualizarían los costes de una quiebra en esta fase, lo que significaría que uno o varios países paguen los platos rotos en otro Estado miembro.

Una solución podría ser la propuesta por Holanda, que prevé la creación de "compartimentos" nacionales dentro del fondo, en los que los bancos de cada país ingresarían sus contribuciones.

Si hiciera falta dinero para rescates de bancos de un país determinado se tiraría del bote de ese Estado y en el caso de quiebras transfronterizas se compartiría el coste.

Si un compartimento se quedara vacío o a un nivel insuficiente, los demás podrían prestarle fondos.

Por otro lado, los ministros tendrán que decidir cuándo entrarán en vigor las reglas del rescate interno de la banca, ya en 2015 o en 2018 como previsto en la directiva de resolución acordada en junio y que está en la fase final de negociación con la Eurocámara, que es además la base legal para las decisiones del mecanismo.

Ésta establece, entre otras cosas, el orden en que los acreedores pueden verse sometidos a quitas, empezando por los accionistas, seguidos de la deuda subordinada y de bonos júnior, de deuda sénior y finalmente de depósitos no asegurados.

Dado que las dos piezas legislativas están tan interrelacionadas, el denominado "bail-in" tendría que entrar en vigor en la misma fecha y las fuentes consultadas creen que no será 2018 sino que se adelantará.