El Gobierno de Canarias interpondrá el próximo día 28 un recurso ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de impugnar el Real Decreto Ley 1-2012 de 26 de enero que modificó el régimen de primas sobre las renovables, a tenor de las negativas consecuencias que su aplicación tiene sobre el Archipiélago.

La viceconsejera de Industria y Energía del Ejecutivo autónomo, Francisca Luengo, atribuyó a "razones personales y políticas" la negativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a conceder las primas a las energías renovables, ya que, a su juicio, "no existen motivos económicos ni jurídicos para ello".

Tras participar en la inauguración de una jornada técnica sobre energía geotérmica en Las Palmas, detalló sobre la posibilidad de que Canarias disfrute de un régimen singular para las energías renovables antes de fin de año, como han anunciado altos cargos del Ministerio, que cuando se gobierna "solo hay que tomar en serio las decisiones oficiales, no las que se comunican a través de la prensa".

Al respecto, sentenció: "Esperamos que el recurso sea admitido, porque vamos a demostrar con datos que ese Real Decreto Ley no tiene razón para Canarias y, aunque podría tenerlo para la Península, en el Archipiélago va en contra de los objetivos que persigue, que es reducir el déficit tarifario".

A su vez, argumentó que la entrada en vigor del decreto ha supuesto la paralización de los proyectos que ya estaban adjudicados en las Islas, lo que conlleva la pérdida de 600 millones de euros en inversiones y de 6.300 puestos de trabajo.

El presidente del Clúster Empresarial de Energías Renovables, el Medio Ambiente y los Recursos Hídricos de Canarias (Ricam), Julián Monedero, compartió estos datos al tiempo que agregó que "la situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que la mayoría de los afectados son pymes y micropymes con una gran implicación a nivel social".

Monedero incidió en la "auténtica salvajada" del real decreto que, según enfatizó, "ha paralizado todo el sistema de régimen especial en el que están incluidas las energías renovables de toda España, incluida Canarias".

En este sentido, criticó que el principal argumento que justifica esta medida sea el de combatir el déficit tarifario, cuando en el Archipiélago esto se consigue, precisamente, introduciendo más renovables".

Así, aseveró que "en esta comunidad es más económico producir con este tipo de energías que con la convencional". De hecho, detalló que la eólica es capaz de producir a un tercio de lo que cuesta la tradicional y la fotovoltaica, aproximadamente a la mitad".

El máximo responsable de Ricam valoró el "gesto" del Ejecutivo canario al tramitar el recurso de inconstitucionalidad como "herramienta de presión", e incluso revela que fue una de las medidas solicitadas en su día por el colectivo, pero consideró poco probable que el Estado vaya a recular.