El consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, se mostró ayer confiado en que 2013 será el último año de recesión en España, aunque añadió que la recuperación "tampoco será muy fuerte y rápida".
En este sentido, y acerca de la posible petición de ayuda por parte de España a sus socios europeos, Sáenz explicó que si el apoyo hace que la prima de riesgo española se reduzca hasta el entorno de los 200 puntos básicos, "obviamente, sería bueno para todos", incluidos los bancos.
El beneficio cae el 66%
Sáenz se expresó así durante la rueda de prensa para presentar los resultados del grupo hasta septiembre, cuando ganó 1.804 millones de euros, el 66% menos, tras cubrir el 90% de los requerimientos aprobados por el Gobierno para sanear los activos inmobiliarios.
"España se ve como un país que va avanzando en positivo y resolviendo sus problemas", dijo Sáenz, que consideró que las pruebas de solvencia realizadas por la consultora estadounidense Oliver Wyman a la banca española "han sido bien aceptadas y han consolidado la credibilidad del Gobierno español en cuanto a la forma de gestionar la reestructuración financiera y los problemas en general".
Estos resultados, dijo Sáenz, también han puesto de manifiesto la buena situación del Santander, uno de los siete bancos españoles que no necesita capital adicional.
Banco malo
Tras afirmar de manera categórica que "ha desaparecido el riesgo de ruptura del euro", el consejero delegado del Banco Santander destacó la figura del presidente del BCE, Mario Draghi, cuya "talla", ha dicho, "ha crecido muchísimo".
"Tiene una enorme credibilidad creciente, es mucho más activo, influyente, y su optimismo sobre Europa ha sido contagioso", aseguró Sáenz, que desveló que Draghi les trasladó en la reunión del FMI en Tokio, que los bancos europeos habían generado 200.000 millones de euros en capital en 2012, y que "la unión bancaria es imprescindible para solucionar la crisis del euro".
En relación al "banco malo", el consejero delegado del Santander reconoció que le preocupa la relación entre el precio de transferencia de los activos por parte de las entidades nacionalizadas y sus consecuencias sobre el resto del sector, que podría verse obligado a realizar más provisiones.