El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mañana supone un duro trance para las autonomías, que tendrán que defender ante Hacienda sus planes de viabilidad y, lo más difícil, verlos aprobados, si es que no quieren ser víctimas de la intervención, en último extremo, por parte del Gobierno.

Mañana se verá si esos planes, que ya han pasado un primer análisis del Ministerio, superan la reválida y sirven para lograr el objetivo de déficit que el Gobierno les exige este año: el 1,5 % del PIB.

En un CPFF que se prevé largo y que está convocado a las cuatro de la tarde, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, escuchará los argumentos de los consejeros sobre sus planes de reequilibrio, que, de no convencer, podrían desembocar en la intervención.

Antes de llegar a ello, si alguno no logra el aprobado de Hacienda, la comunidad correspondiente podrá presentar modificaciones, que serán valoradas en un nuevo Consejo que se celebrará en el plazo de quince días.

El pasado fin de semana se encendían las alarmas al conocerse que Hacienda había encargado a la Abogacía y a la Intervención General del Estado que estudiasen la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con Asturias, ante la imposibilidad de aprobar su plan económico.

Advertencia mal recibida por Foro Asturias, el partido de Francisco Álvarez-Cascos, todavía hoy presidente en funciones del Principado, que ha remitido su plan a la Comisión Europea junto a una carta en la que se denuncia la "falsedad" de los datos de Hacienda.

Todas las comunidades han adelgazado sus presupuestos para este año. Ayer mismo, Andalucía anunciaba un recorte de 2.500 millones, que afectará a complementos salariales de los funcionarios y se traducirá en una subida de impuestos.

No sólo los planes de ajuste de las comunidades socialistas serán estudiados con detalle, también los de algunas populares, como es el caso de la Comunidad Valenciana, que cree que su plan será aprobado, aunque no descarta alguna "corrección".

Más segura se muestra Cataluña, que dice no tener constancia de que Hacienda haya devuelto o puesto en cuestión su plan.

Ayer, Cataluña anunciaba su tercer plan de ajuste en dos años, para recortar 1.500 millones, que contempla reducir plantillas de empresas públicas, privatizaciones y alguna nueva tasa.

Otra comunidad que afronta el CPFF con una situación delicada es Murcia, que ha aprobado un plan de reequilibrio por importe de 623 millones.

Castilla-La Mancha, que cerró 2011 con el peor dato de déficit de España, el 7,3 % de su PIB, aún no tiene aprobados sus presupuestos pero ejecutará un importante recorte.

Insólita es la medida tomada por Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, acaba de anunciar que presentará un anteproyecto de ley de modificación de los presupuestos de 2012, con la intención de incorporar más recortes.

Castilla y León llega al CPFF sin un proyecto de ley de presupuestos presentado, con un techo de gasto fijado en 9.108 millones de euros y con el apoyo al Ejecutivo central en todos los recortes.

El resto de comunidades también han hecho los deberes al disminuir sus presupuestos a través de diferentes vías como recortes de gasto, subidas de impuestos o reestructuración del sector público, entre otras medidas.