Repsol y el Gobierno español, que ha salido en defensa de la petrolera, han logrado el respaldo de la Unión Europea (UE), del FMI y de otros países, como México, contra la expropiación del 51 % de YPF, pero han recibido una respuesta tibia de EEUU.
La compañía española reclamará al Gobierno argentino al menos 10.500 millones de dólares, unos 8.000 millones de euros, por su participación en YPF, situada en el 57,4 %.
Las acciones de Repsol han perdido hoy un 6 %, la mayor caída del IBEX 35, con lo que acumulan un descenso del 29 % en lo que va de año.
En su primera reacción pública, el presidente de la petrolera española, Antonio Brufau, ha acusado al Gobierno de Buenos Aires de haber puesto en marcha una campaña de "hostigamiento" para provocar el derrumbe del precio de YPF y facilitar así su expropiación.
Brufau ha subrayado que la expropiación es un acto "absolutamente ilegítimo e injustificable" y ha relacionado esta actuación con el descubrimiento del yacimiento de "Vaca Muerta", uno de los más importantes de los últimos años.
El presidente de Repsol ha anunciado que recurrirá al arbitraje internacional y exigirá una compensación "pronta".
En el ámbito político, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha reunido durante media hora en la sede de su departamento con el embajador argentino, Carlos Bettini, al que ha trasladado el malestar del Gobierno español.
García-Margallo considera que Argentina "se ha dado un tiro en el pie" con su decisión de expropiar YPF, ya que quiebra la relación con España y genera desconfianza en la comunidad internacional.
Desde México, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mostrado su "profundo malestar" por la decisión y ha asegurado que España defenderá con perseverancia los "intereses legítimos" de Repsol.
En la misma línea, el titular de Industria, José Manuel Soria, ha dicho que la decisión argentina no es seria y que sus argumentos son "débiles", y ha advertido de que tendrá consecuencias.
Soria ha solicitado una comparecencia urgente en el Congreso para explicar la posición del Gobierno.
El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha advertido de que esta decisión supondrá una "modificación" en la "consideración" y el "trato preferente" de España hacia el país sudamericano.
El Ejecutivo español ha encontrado el respaldo de las instituciones comunitarias. La Comisión Europea (CE) ha suspendido la reunión del comité conjunto UE-Argentina prevista para el 19 y el 20 de abril en Buenos Aires y ha calificado la expropiación de "ilegal".
El Parlamento Europeo debatirá mañana la situación y votará el viernes una resolución en defensa de los intereses empresariales europeos en el extranjero.
El presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, se ha declarado "seriamente decepcionado" por la actuación de Argentina y ha pedido a su gobierno que cumpla sus compromisos internacionales.
También el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha criticado la actuación argentina. El consejero del departamento de Investigación Thomas Helbling ha recalcado que las nacionalizaciones empeoran el clima de inversión y perjudican el crecimiento económico.
Rajoy ha recibido de primera mano el apoyo de los presidentes de México, Felipe Caderón, y de Guatemala, Otto Pérez Molina, con quienes se ha reunido en Puerto Vallarta (México).
Calderón ha lamentado la actuación de Argentina y ha dicho que viola "claramente" los acuerdos sobre respeto recíproco de las inversiones.
En el otro extremo se han situado los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Bolivia, Evo Morales, quienes han apoyado la actuación del Gobierno de Buenos Aires.
Desde Brasil, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, ha evitado pronunciarse, una postura que ha decepcionado al Gobierno español. García-Margallo ha reconocido que la respuesta de Clinton "no ha sido todo lo entusiasta" que esperaba.
En el terreno empresarial, las Cámaras de Comercio han reiterado su apoyo a las medidas que adopte el Gobierno español en defensa de Repsol.
El exministro del PP y actual presidente de Vueling, Josep Piqué, ha dicho que la decisión argentina es un "disparate jurídico y político" que va a perjudicar sobre todo a Argentina.
El presidente del grupo constructor OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha dicho que todas las empresas españolas sienten como un "daño propio" la expropiación de YPF y ha agradecido al Gobierno su reacción.
Los sindicatos CCOO y UGT han expresado su rotundo rechazo a la actuación de Argentina, que consideran contraria al derecho internacional.