Las investigaciones llevadas a cabo en las últimas fechas por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, a requerimiento del Servicio de Prevención de Delitos Económicos, han permitido detectar dos presuntos delitos de alzamiento de bienes cuyo perjuicio económico para las arcas públicas asciende a 377.132 euros.
Las presuntas irregularidades, cometidas por dos empresarios de Tenerife que tenían deudas pendientes con la Seguridad Social por el impago de las cuotas y los seguros sociales, tenían como finalidad eludir de forma fraudulenta el embargo de los bienes, informó ayer la Delegación del Gobierno en Canarias.
En un comunicado, indicó que en la primera de estas actuaciones, realizada en el municipio tinerfeño de Arona, se constató que S.R.M., responsable de la empresa T.C.T. SL, había procedido a liquidar la sociedad de la que era titular al 50% junto a su esposa, "poniendo a nombre de esta una vivienda y dos plazas de garaje con el fin de generar una situación de insolvencia y eludir así el embargo de los bienes por las deudas contraídas con la Seguridad Social, que ascienden a 327.800 euros". Estos hechos, una vez tramitadas las diligencias policiales, fueron remitidos al Juzgado de Guardia de Arona.
La segunda de las actuaciones se llevó a cabo en La Laguna tras comprobarse que G.D.G.V., al que se le había notificado el embargo de una vivienda de su propiedad por una deuda de 49.331 euros, había transferido pocos días después la titularidad del inmueble a favor de su esposa y un hijo menor de edad.
Según las investigaciones realizadas, el empresario habría procedido a donar la vivienda con el propósito de declararse insolvente y poder evitar el embargo. Los hechos se han trasladado al Juzgado de Guardia municipal.