Después de que el Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) diera la razón a los guías turísticos de las Islas contra el Decreto 13/2010, que regula su profesión, el colectivo reclama al Gobierno autónomo que retire los más de 2.500 permisos profesionales concedidos en los últimos dos años.

En la sentencia 3/2012 de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC se determina la "anulabilidad" del desarrollo normativo del decreto, lo cual obliga a suspender las pruebas para la habilitación de nuevos guías turísticos en el Archipiélago, como recogió el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la semana pasada.

Esos exámenes, sin embargo, son los dirigidos a quienes no están en posesión de una titulación en Turismo, según explicó a EL DÍA la presidenta de la asociación tinerfeña de guías APIT, Loly Albelo. Para los titulados en Turismo, el Decreto 13/2010, aprobado por la exconsejera autonómica del área Rita Martín, permitía acceder a la profesión sin que fuera necesario acreditar conocimientos específicos sobre Canarias o las habilidades idiomáticas, lo que provocó un recurso de las asociaciones profesionales del ramo.

Ahora, con una sentencia de finales de enero contra la que el Gobierno de Canarias analiza la posibilidad de recurrir, se da la razón a los guías, que piden, con ese aval del TSJC, que se retiren los -según cálculos de APIT- más de 2.500 carnés emitidos por la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística con el decreto de Martín en vigor.

"El problema principal ha sido el daño tan grande que ha hecho Canarias al resto del Estado. Las personas que no aprobaban los exámenes en su comunidad pudieron obtener uno de los carnés que aquí se regalaban como churros y ahora trabajan por toda la Península sin contar con habilitaciones para ello", remarcó Albelo.

Añadió que desde otras comunidades autónomas se habían pedido responsabilidades al Ejecutivo canario por "haber interferido de forma bestial en sus habilitaciones y autorizaciones. Ahora, cualquier mindundi sin conocimiento puede explicar sus grandes patrimonios culturales".

La titular de APIT recordó que el recurso de los guías se basó en que la norma aprobada en 2010 era contraria a las exigencias de competencias y calidad en el servicio que recoge la ley de turismo.