El consejero autonómico de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, señaló ayer que el incumplimiento de la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias resta cada año 225 millones de euros en inversiones por parte del Estado en el Archipiélago. Ese déficit impide que se creen 5.000 empleos por ejercicio.

"El reiterado incumplimiento de la ley del REF, por la que el Gobierno de España está obligado a invertir en las Islas al menos la media del conjunto de las comunidades autónomas, es inadmisible para una región con un 30% de tasa de paro", subrayó González Ortiz en un comunicado.

Ante la próxima presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el consejero dijo confiar en que se consigne la inversión que le corresponde a Canarias y que los recortes anunciados no afecten a los convenios actualmente suscritos, que "son de gran importancia para el Archipiélago".

Estos convenios están referidos, principalmente, a infraestructuras turísticas y educativas, parques tecnológicos, carreteras y obras hidráulicas. "Se trata de inversiones -añadió González Ortiz -que, además de necesarias, generan actividad económica y empleo".

Añadió que "solo con recortes no se sale de la crisis" y que la inyección de inversión productiva y la adopción de medidas de dinamización "es lo que reactiva la economía, permite alcanzar el crecimiento, reconstruir el tejido empresarial y rebajar el paro".

Además, el titular autonómico de Economía indicó que la petición de que las Islas reciban en los PGE "la inversión que les corresponde" tiene el respaldo del Parlamento de Canarias, según un pronunciamiento instado por el Grupo Popular y aprobado por unanimidad.

También destacó que el Archipiélago, además de situarse entre las comunidades con menor dotación inversora, "es la peor posicionada por habitante en el sistema de financiación autonómica, cuyos recursos se dirigen, principalmente, a sufragar los servicios públicos esenciales. Ello se traduce -apostilló- en una merma de 600 millones al año".

"Esta situación", concluyó Ortiz, "ha motivado que, para poder sostener los servicios básicos, el Gobierno de Canarias se haya visto obligado a detraer fondos de otras partidas del presupuesto, supliendo así las carencias del Estado".