El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas (CCAA) han aprobado hoy la creación de grupos de trabajo para avanzar en la "ordenación" y la regulación de la actividad pesquera en el caladero nacional.

A la reunión han acudido todos los consejeros del ramo a excepción de la representante de Andalucía, Clara Aguilera, de Galicia, Rosa Quintana, y el consejero murciano, Antonio Cerdá.

El ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, y los consejeros autonómicos han celebrado una Conferencia Sectorial de Pesca en la que han establecido dos grupos con el fin de estudiar, en colaboración con el sector, el estado de los recursos y la situación de la flota española, han informado fuentes del Ministerio.

Por otra parte, el Gobierno y las CCAA han celebrado el comité consultivo previo a la reunión de los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE), del próximo lunes en Bruselas, que continuará las discusiones acerca de la reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC).

En concreto, se han creado dos grupos, uno de ellos sobre el control de la pesca, teniendo en cuenta el reparto de competencias entre el Gobierno y las autonomías.

El segundo abordará la ordenación del caladero nacional en dos etapas, la primera consistirá en una síntesis del asesoramiento científico de los recursos, diferenciado por caladeros -Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz, Mediterráneo y Canarias- y la segunda, en un diagnóstico de la flota, según el Ministerio.

También han pactado hacer un seguimiento de los 19 planes de ajuste del esfuerzo pesquero, por modalidades de flotas y caladeros.

En la reunión de hoy, han analizado la evolución del Fondo Europeo de la Pesca y han constatado que a final de año es necesario certificar el total de las anualidades correspondientes a 2007-2010, que representan un importe de 1.572 millones de euros.

El consejero de Agricultura y Pesca de Baleares, Gabriel Company, se ha referido a la reforma de la PPC, en declaraciones a los medios de comunicación, y ha destacado la necesidad de que se reconozca el carácter de "insularidad" de este Archipiélago.

Company ha mostrado su preocupación por aspectos de la reforma planteada por la Comisión Europea (CE) como la supresión de los descartes (capturas no deseadas de peces que, muertos, son arrojados al mar).

Ha señalado que es "una utopía e imposible" obligar a desembarcar esas capturas accidentales, que suponen un 40 % de la pesca, "no tienen salida comercial" y, en el caso de Baleares, "no hay industria" para su tratamiento.

Baleares también pide que se estudie "mucho más" la propuesta de Bruselas de establecer un mercado nacional de cuotas (para buques de más de 12 metros de eslora) y solicita que se incida mejor en la pesca mediterránea.

Company ha reclamado que al hablar de flota artesanal no se defina a ese tipo de barcos teniendo en cuenta solo los metros de eslora.

Por su parte, el consejero de Agricultura y Pesca de Canarias, Juan Ramón Hernández, ha afirmado que dentro de la PPC se estudia fusionar dos fondos que repercuten en este Archipiélago.

En este sentido, Canarias reclama que se mantenga dentro de las políticas pesqueras el "tratamiento" diferenciado de los apoyos especiales para el sector canario, en el marco del programa Posei (especial por la insularidad).

Hernández ha insistido en la "situación desesperada" de los pescadores por la paralización del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos.

Aunque los barcos que faenaban en el caladero marroquí tienen ayudas, "deseamos que haya un nuevo acuerdo cuanto antes", ha subrayado.