Los jueces tendrán un peso decisivo en la aplicación de la nueva reforma laboral debido a la "vaga" definición de las causas que permitirán despedir a los trabajadores de forma objetiva o cambiar sus condiciones de trabajo. Así lo aseguraron ayer en Tenerife expertos del despacho de abogados y asesores laborales PricewaterhouseCoopers (PwC) durante una jornada organizada por la Cámara de Comercio provincial y en la que participaron cerca de 400 empresarios y profesionales.

El socio director del Departamento de Derecho Laboral de PwC, Salvador Álvarez, explicó que el protagonismo que se da a los jueces en el nuevo marco de relaciones laborales parte de la eliminación de la autorización administrativa previa de la autoridad laboral en las suspensiones de contratos de trabajo, en las reducciones de jornada y en los despidos colectivos, destacó en un comunicado la Cámara de Comercio.

Álvarez, que fue director general de Relaciones Laborales en Cataluña, considera que con este cambio la normativa española se adecua a la europea, en la que la autorización administrativa en los despidos colectivos era una excepción. A su juicio, la intervención judicial puede suponer un aumento de la conflictividad, pero también "puede dar paso a una madurez y modernidad del sistema de relaciones de trabajo".

No obstante, valoró la importancia que sigue teniendo alcanzar acuerdos con la representación de los trabajadores para evitar llegar a los tribunales y establecer nuevos modelos que apuesten por la flexibilidad interna de las empresas.

En este sentido, el director general de la Cámara, Vicente Dorta, calificó de "positiva" la reforma laboral, pero dijo esperar que durante su tramitación parlamentaria "se contribuya a alcanzar un mayor consenso y se eliminen algunas disfunciones, como la incertidumbre que genera la ambigüedad en las causas de despido".

La responsable del Departamento de Derecho Laboral de PwC en Canarias, Silvia Pérez, apuntó que el real decreto-ley aprobado el pasado día 11 permitirá a los empresarios proteger el empleo en épocas de recesión económica, ya que podrán flexibilizar las condiciones de trabajo de sus empleados antes de recurrir al despido, así como realizar ajustes parciales sobre parte de la plantilla para salvaguardar el futuro del resto.

Además, pese a que aseguró que se trata de una de las reformas "más importantes y profundas en el ordenamiento jurídico laboral en la historia de la democracia", admitió que no creará empleo por sí sola ni de forma "repentina".