El equipo del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se aplica a fondo para lograr que el Consejo de Ministros apruebe lo más rápido posible, de ser posible en marzo, un real decreto ley que abra la puerta a la rebaja de los intereses de demora para los titulares de hipotecas morosos y a la mejora de los procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias, así como a la redacción de un código de buenas prácticas, que incluya la dación en pago, a adoptar de manera voluntaria por las entidades financieras.

El objetivo es dotar de mayor respaldo legal al conjunto de medidas normativas para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social que anunció De Guindos el pasado día 22 en el Congreso, durante la Sesión de Control al Gobierno y al hilo de una interpelación de Izquierda Plural.

Las distintas acciones enunciadas se inscriben en marco de la política económica del Gobierno, "que tiene como una de las prioridades buscar la equidad social". Así lo señaló el Ministerio del área en una nota de prensa en que señaló que "las medidas normativas comenzarán con la definición del colectivo incluido en el umbral de exclusión social". De entrada, Economía apuntó que en esta situación estarán las unidades familiares con todos sus miembros en paro (según el INE, ahora hay 1,5 millones) y cuya vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia. En todo caso, se establecerán las cautelas necesarias para evitar situaciones de abuso o fraude".

El comunicado deja claro que "se promoverá también la mejora de los procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias, de modo que, si se llega a ese punto, el precio de la vivienda sea lo más elevado posible".

El ministro aseguró que se impulsará un mercado nacional de ejecuciones hipotecarias ágil y transparente a través del fomento de las ejecuciones extrajudiciales, la creación de una base de datos informatizada de ejecuciones de ámbito nacional y la posibilidad de que las subastas se realicen online. Estas medidas se elaborarán en colaboración con el Ministerio de Justicia.

Las reformas legales incorporan también -siempre según la nota oficial- la atenuación de los intereses moratorios, "donde hay un margen claro para la moderación, medida también destinada a las personas situadas bajo el umbral de exclusión".

Luis de Guindos dijo que en este momento el Ministerio ya trabaja con las entidades financieras en la elaboración del código de buenas prácticas, que será de adopción voluntaria. El Gobierno hará publica, en su momento, la lista de las entidades que decidan adherirse al mismo, que está dispuesto a estrenar el BBVA.

El código contendrá recomendaciones como la posibilidad de que, en caso de ejecución, el pago del capital de la hipoteca sea proporcional al número de cuotas abonadas o que, alternativamente, se reduzca el capital pendiente en la misma proporción. Con ello se pretende corregir la situación actual, en la que, al principio de la vida de la hipoteca, se pagan más intereses que capital. "Los gastos y costas, en ocasiones muy elevados, también deberán ser objeto de moderación", se subrayó en la nota.

La segunda medida debe contemplar la asunción por la entidad de crédito de una parte del riesgo en caso de insuficiencia de las garantías. "Se trata -precisó el Ministerio- de establecer un mecanismo de coparticipación que cubra por parte de la entidad financiera un determinado porcentaje, debido a la deficiencia de la tasación o en la desvalorización que ha sufrido el inmueble".

El paquete de cambios normativos que defendió De Guindos en el Congreso recoge la posibilidad de permitir la dación en pago como medio liberatorio de la deuda para los mismos casos de exclusión social. "Habrá -en palabras del ministro- un periodo de carencia para el desalojo de la vivienda que podría situarse en dos años, prorrogable en determinadas circunstancias, en los que el deudor satisfaría una renta a la entidad". El incentivo para la adopción de un código de buenas prácticas por parte de las entidades financieras sería la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que incurran.

"En definitiva -resaltó el Ministerio- , se trata de un conjunto de medidas, cuyo objetivo es paliar de verdad la situación que viven tantas familias españolas en riesgo de desahucio, lo que constituye otro ejemplo de la sensibilidad de este Gobierno con los más desfavorecidos, y exigir un compromiso de solidaridad a los que más tienen".

La polémica estalló inmediatamente después del anuncio de De Guindos en la Cámara Baja.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) consideró que las medidas anunciadas por Economía generan expectativas que no son ciertas y "falsean" la realidad. En opinión de su portavoz, Chema Ruiz, la propuesta "es una mentira" porque en realidad el Ejecutivo no va a legislar para evitar el desahucio de las familias, sino que va a elaborar un código ético con la pretensión de que la banca lo cumpla. "Pretender que la banca lo cumpla es como pedirle a un león que no se coma las cebras, es algo absurdo", apostilló.

En el caso de que legislara, añadió Ruiz, tampoco serviría, ya que las medidas se limitan "a los pobres de solemnidad" y el 85% de los afectados son familias de clase media, en las que uno de los miembros ha perdido el trabajo o se le ha rebajado mucho el salario y no pueden afrontar los pagos de la hipoteca".

FACUA-Consumidores en Acción difundió de inmediata un comunicado en el que estimó "extremadamente tímida" la "limitadísima" fórmula de dación en pago que quiere impulsar el Gobierno y criticó que De Guindos presente "como medida estrella" un código de buenas prácticas con el sector financiero. "¿Un código de buenas prácticas? Si el Gobierno se fía de la banca, nosotros hace mucho que no", señaló un responsable de la organización, Rubén Sánchez.

Soluciones a medida

Por su parte, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), si bien compartió con el Gobierno el objetivo de solucionar el problema de los desahucios de personas en riesgo de exclusión, pidió, en una nota, eliminar los obstáculos para aplicar los planes específicos con los que ya cuentan las cajas para atender estas situaciones, que son fundamentalmente de naturaleza fiscal y administrativa, como la dación en pago voluntario o la adquisición de la vivienda para su posterior alquiler al deudor.

Hay que recordar que la CECA presentó ante el Congreso, en septiembre de 2011, un documento con propuestas para reformar el mercado hipotecario.

También pocas horas después del anuncio de De Guindos, un representante de la Asociación Española de la Banca (AEB), advirtió de que cualquier reforma del marco normativo, a la que está abierta, debe hacerse "con mucho cuidado para no introducir distorsiones en un mercado hipotecario que ha funcionado históricamente bien y ha servido para financiar la vivienda al 85% de las familias españolas".

Las entidades bancarias alegan que desde hace tiempo luchan contra este "drama social".

Es público que el Santander dio una moratoria de capital de tres años en agosto de 2011 para aliviar la situación de los clientes con causas objetivas de problemas económicos, como estar en paro o haber sufrido una caída de sus ingresos de más del 25%, y que tengan dificultades transitorias en el pago de las hipotecas de la vivienda habitual.

Además, ofrece la posibilidad de alargar el vencimiento del crédito para compensar el periodo de carencia sin cambiar las condiciones financieras del préstamo, ni durante el periodo de carencia, ni al finalizar el mismo.

Unas medidas a la que se han acogido en los seis últimos meses 8.000 familias, según fuentes de la entidad. El importe de dichas hipotecas afectadas alcanza los 1.300 millones de euros.

El BBVA también explicó a finales de año que más de 40.000 familias han podido mantener sus viviendas gracias a los planes llevados a cabo por la entidad.

Ahora bien, los últimos datos oficiales reflejan que más de 151.000 familias han perdido su casa en los últimos años, marcados por la crudeza de la crisis económica y el alza del paro.