El despacho de abogados y asesores fiscales PricewaterhouseCoopers (PwC) ha advertido de que si bien la reforma laboral establece un marco más favorable para la contratación, ésta no va a crear empleo por sí sola, de ahí que sean necesarias otras reformas que impulsen el consumo y la actividad económica.
Así lo ha aseverado a los medios Silvia Pérez, asociada senior del Departamento Laboral de PwC, con motivo de la celebración de la jornada ''Análisis de la reforma laboral y sus implicaciones en la empresa canaria'', un encuentro que ha acogido la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de explicar las materias que han sido objeto de modificación tras la aprobación de esta reforma en materia de contratación, flexibilidad interna, extinción de contratos o negociación colectiva.
Silvia Pérez ha explicado que la reforma laboral no está pensada para generar empleo, sino para que el empresario tenga "más flexibilidad y más instrumentos" para adaptar sus condiciones a la situación actual, y para crear un marco jurídico "más flexible y más cercano" a las normativas de la Unión Europea.
Además, desde PwC no se considera el abaratamiento del despido la mejor medida que ha traído consigo la reforma laboral, sino la flexibilidad que se le otorga al empresario para no tener que acudir al despido de sus trabajadores.
La asociada senior entiende que todas las reformas que se están llevando a cabo por parte del Gobierno de España tienen con fin la disminución del déficit público, de ahí que haya insistido en otro tipo de medidas que incidan en reactivar la economía de nuestro país.
En cuanto a la supuesta inconstitucionalidad del Real Decreto, Silvia Pérez ha recordado que si bien otras reformas laborales ya han adoptado la misma forma jurídica que la aprobada por el Consejo de Ministros, en esta ocasión se cuestiona la constitucionalidad del sometimiento a determinados arbitrajes, como puede ser la Comisión Nacional Consultiva, que en su opinión puede llegar a chocar con la libertad de negociación colectiva reconocida en la propia Carta Magna.
La declaración de anticonstitucionalidad de la reforma laboral dependerá, según la asociada senior, de si finalmente se recurre ante el TC y de la respuesta que este órgano pueda dar al respecto.