El acuerdo pesquero entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, que acaba de cesar, ha sido considerado el de mayor importancia política entre este tipo de convenios, especialmente para España, y el segundo más costoso para el presupuesto comunitario.

La pérdida del pacto con Marruecos agrava la situación para el sector pesquero comunitario, que a última hora de hoy ha empeorado con el fracaso de las negociaciones para la renovación del acuerdo con Mauritania, que expirará en 2012 y es el más importante para la flota comunitaria.

El compromiso con el país magrebí era singular para los pescadores españoles, porque beneficiaba a los barcos artesanales, a diferencia de la mayor parte de los convenios de este tipo, que generalmente favorecen a las flotas de altura y a grandes buques.

Marruecos suponía 119 licencias más una cuota adicional para especies pelágicas (anchoa, caballa o arenque), que elevaban los permisos a 138, repartidos entre 11 países, con España como el más beneficiado.

En la práctica faenaban en aguas marroquíes unos 70 barcos españoles, de Andalucía y de Canarias; los andaluces usaban el palangre de fondo y cerco en la zona "norte", mientras que los de Canarias, artesanales y atuneros, se dirigían a la zona "sur".

Según la Confederación Española de Pesca (Cepesca), las tripulaciones de estos navíos suponen entre 800 y 850 puestos de trabajo, a los que hay que sumar los empleos indirectos que la actividad suponía en tierra.

La decisión del Parlamento Europeo (PE) de romper el compromiso con Marruecos refleja la tendencia de las instituciones comunitarias a tener cada vez más en cuenta cuestiones ambientales y relacionadas con los derechos humanos en las negociaciones pesqueras.

La comisaria europea de Pesca, María Damanaki, quiere que en la reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) se promuevan estas ideas y pretende que los armadores paguen más por acceder a aguas de países terceros.

Pero si se analizan las últimas informaciones en la evolución de los acuerdos, las perspectivas son muy negativas, tanto por el abandono del caladero marroquí como por el fracaso, en Nuakchot, de las negociaciones pesqueras con Mauritania, por desacuerdo sobre la compensación económica de la UE a ese país, en un futuro acuerdo.

De esta forma, el convenio con Mauritania caducará en julio de 2012.

Este pacto permite faenar en sus aguas a 110 barcos europeos, de los que 63 son españoles; a cambio, la Unión Europea paga a ese país 76,25 millones de euros anuales, lo que representa un 29 % de los recursos de su presupuesto nacional.

Entre las críticas a los acuerdos, destaca la relativa a las contrapartidas financieras que la UE da a sus socios, que en caso de Marruecos ascendió a 36,1 millones de euros anuales.

Los convenios pesqueros que firma la UE se dividen entre los del "norte", como Noruega, Islandia y las Islas Feroe, y Groenlandia, y los del "sur", en los que entrarían los suscritos con naciones de África occidental en el Atlántico y los de países costeros del Índico.

En el caso de Noruega, Islandia e Islas Feroe, la UE no paga compensaciones, sino que se producen intercambios de posibilidades pesqueras, que para los españoles son de interés en especies como la bacaladilla o bacalao.

Dentro de los del sur, el suscrito con Guinea Bissau está en un estado de prórroga, caducará en junio de 2012 y ofrece licencias a 42 barcos españoles.

En cuanto a los convenios con los países del Índico, el pacto con Seychelles es el más importante para los atuneros, con licencias usadas por 24 barcos españoles, a cambio de una compensación (5,6 millones de euros anuales) que según fuentes del sector podría representar más de la mitad de su PIB.

A final de año, además, acaba el pacto con Mozambique, que establece 43 licencias para la flota española, de las que se están empleando 23.

La flota que acude al Índico se beneficia también de los acuerdos con Comoras y Madagascar.

En el Atlántico, el convenio con Costa de Marfil supone 25 licencias, de las que los barcos españoles usan en torno a 15.