La Comisión Europea (CE) presentará el jueves finalmente su propuesta para endurecer las sanciones por abusos en los mercados, al proponer por primera vez la posibilidad de que éstas tengan carácter penal en el caso de las infracciones más serias.

"El sector financiero también tiene responsabilidades, incluyendo responsabilidades penales. Haremos esta semana una propuesta en este sentido dentro de nuestras iniciativas para regular el mercado financiero", indicó el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, tras la cumbre social tripartita celebrada hoy.

"Nos aseguraremos de que haya niveles de sanciones apropiados en los diferentes Estados Miembros y por primera vez vamos a establecer la obligación para los Estados miembros de prever sanciones de carácter penal para las infracciones más serias", señaló por su parte una fuente de la Unión Europea conocedora de la propuesta.

El Tratado de Lisboa permite la imposición de sanciones penales.

Las sanciones penales formarán parte de la revisada Directiva sobre Abusos en los Mercados (MAD, en inglés), que en 2003 introdujo una marco integral para poner coto a las negociaciones con información privilegiada y prácticas de manipulación de los mercados.

Según otra fuente europea, MAD, que tiene ahora rango de regulación, será convertida en una directiva.

La CE afirma que las sanciones impuestas por los Estados miembros divergen en aspectos esenciales como los tipos de sanciones posibles, el ámbito de aplicación por sectores -bancario, asegurador y de valores- y la cuantía de las multas.

Por ello existe el peligro de que los actores del mercado se refugien donde las sanciones son menores o improbables.

Según la CE, en el sector financiero las sanciones administrativas en caso de violación varían de Estado a Estado: en seis países de la UE son ilimitadas o variables, en 9 ascienden a más de 1 millón de euros y en 7 se sitúan en menos de 150.000 euros.

Solo 13 Estados miembros cuentan con penas de cárcel para delitos financieros, entre ellos España.

No obstante, la CE finalmente no propondrá unos estándares mínimos o unificados para todos los Estados miembros, sino que dejará esta decisión a las autoridades nacionales.

La MAD también extenderá su alcance a "todos los activos -incluidos los derivados como los que se negocian fuera del mercado regulado (OTC)- y todas las plataformas" de negociación, porque hasta ahora se ha diferenciado entre valores y otro tipo de activos y entre los mercados regulados y el resto de instrumentos de negociación, explicaron las fuentes.

El Ejecutivo comunitario también unificar los criterios sobre información privilegiada que existen actualmente para los mercados de derivados de las materias primas con los de la MAD.

La CE quiere además tener en cuenta las especificidades y necesidades de las pymes en negociaciones a través de plataformas para reducir su carga administrativa y costes desproporcionados.

La revisión de la MAD se ha hecho en paralelo a la de la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) y la CE presentará el jueves también su propuesta sobre esta regulación.

La MiFID (2007) ofrece un marco para entidades inversoras que ofrecen servicios en relación a instrumentos financieros, permite a firmas y plataformas de negociación operar libremente en la UE y establece reglas para proteger a los inversores.

No obstante, los mercados han cambiado desde entonces y nuevas plataformas y maneras de negociar (como los operadores de alta frecuencia) han surgido.

Las reglas de transparencia de la MiFID cubren actualmente solo los valores, pero la CE quiere ampliar su alcance a los mercados de derivados y de derivados de las materias primas y los bonos y facilitar la competencia entre las cámaras de contrapartida central.