Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que para que el balance recaudatorio de la rebaja del 8 al 4% del IVA para la adquisición de vivienda nueva sea positiva las ventas deberán duplicarse hasta alcanzar las 100.000 unidades en lo que resta de año, lo que equivale al 14,5% del stock existente.

El secretario general del colectivo, José María Mollinedo, dio por hecho ayer, en una nota, que la medida animará el mercado y dará salida a parte del excedente de vivienda sin vender que hay en España, pero agregó que "está por ver si su efecto en la recaudación es positivo".

El responsable de los técnicos de Hacienda descarta que esta acción vaya a promover la actividad de construcción y promoción de nuevas viviendas, "pues en cuatro meses es imposible construirlas y darles salida".

Por autonomías, Gestha afirma que el mayor volumen de ventas "deberá" producirse en Andalucía (unas 18.000 viviendas), la Comunidad Valenciana (13.500), Cataluña (más de 10.000) y Madrid (casi 10.000), ya que son las comunidades que cuentan con un mayor stock al que dar salida. En el caso de Canarias estiman que las ventas ascenderían a 3.484.

En general, el colectivo valora "de forma positiva" las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado viernes para reducir el déficit fiscal, aunque opinó que no dejan de ser respuestas "coyunturales que no ofrecen una solución contundente".

Por ello, Gestha pidió al Gobierno que ponga en marcha acciones "de mayor calado" para solventar "el problema de fondo en torno al déficit", lo que a su juicio pasa por emprender una actuación "decidida" contra la economía sumergida.

Para ello, los técnicos de Hacienda aconsejaron acometer profundas medidas que reduzcan la tasa economía sumergida en unos diez puntos, hasta situarla en la media de la Unión Europea-15, lo que supondría una recaudación adicional de 38.500 millones de euros anuales con los que estabilizar las cuentas públicas. En este sentido, Gestha reclamó al Ejecutivo la puesta en marcha de un paquete de medidas, al modo del que aprobó el Gobierno de Italia, para aprovechar la lucha contra la economía sumergida como vía para aumentar los ingresos públicos.