La Confederación Provincial de Empresarios tinerfeña (CEOE-Tenerife) dio ayer su visto bueno al proyecto de Ley de Contratos de Distribución que el pasado viernes aprobó el Consejo de Ministros. A juicio de la patronal, la norma, que responde a demandas empresariales, "pondrá solución a muchas situaciones conflictivas".
En un comunicado, la CEOE-Tenerife valoró especialmente que, ante la imposición unilateral de condiciones, la ley -que ahora pasa al Parlamento-, establece el deber de información "precontractual", así como el de confidencialidad, y, ante la falta de claridad de condiciones, propone la formalización escrita y el consenso de las modificaciones.
"Se pretende modernizar la regulación de los contratos de distribución comercial, siempre respetando al máximo la libertad de pacto entre las partes", señaló la patronal. No obstante, la ley regula "una serie de cuestiones mínimas en las que está el origen de la mayor parte de los problemas, como la falta de claridad de los contratos, la imposición de compras mínimas o inversiones específicas y la ausencia de plazos", añadió.
Mejorar la transparencia entre proveedores y distribuidores; "reequilibrar" la capacidad negociadora de las partes; establecer reglas de contratación claras, que ofrezcan un régimen supletorio mínimo ante la ausencia de previsión contractual, y extender los códigos de conducta sectoriales son los grandes objetivos.
La CEOE-Tenerife confía en que en el proyecto de ley se puedan introducir "excepcionalidades" para adaptar la norma a Canarias; esas enmiendas deben basarse, indicó, en demandas de los subsectores comerciales.