La Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y concesionarios de Automóviles (Fredica) consideró ayer que, "en plena crisis económica, la economía sumergida en las Islas es un problema muy grave, por la competencia desleal que supone la venta ilegal en la vía pública y en los talleres clandestinos", que según aseveró ayer en un comunicado, "ha aumentado en los últimos meses".
A su juicio, "esta situación no solo afecta a los intereses del sector, sino también a las administraciones públicas, que dejan de recaudar tanto por cuestiones fiscales como sociales y, sobre todo, para los propios ciudadanos, que pagan servicios solo hipotéticamente más baratos, sin ningún tipo de garantía".
Para el sector del automóvil, "es fundamental la colaboración de las administraciones públicas", al tiempo que agrega que "en estos casos concretos de ventas en la vía pública y talleres clandestinos, debido a la complejidad de su persecución y prueba, y fundamentalmente por la falta de coordinación, se mantienen estas actividades de manera totalmente impune, generando un importante daño al conjunto de la sociedad".
Fredica argumenta que "pese a que las empresas legalizadas tienen que pagar múltiples impuestos, soportar alquileres, cumplir innumerables normativas laborales y administrativas, prestar garantías, suelen ser las más inspeccionadas".
Por último, el sector critica las últimas medidas dirigidas a aflorar el trabajo sumergido estableciendo una amnistía parcial para aquellos empresarios que den de alta a trabajadores que tienen en situación irregular. En esta línea, Fredica sostiene que "tenemos varias administraciones públicas con una legislación prolija pero nada operativa".