El Ministerio de Fomento rescindirá el contrato a las constructoras que planteen modificaciones de obras públicas que supongan un sobrecoste de más del 10% respecto al presupuesto inicialmente fijado, anunció ayer la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñero.

Con esta medida, que está a punto de empezar a aplicar, el departamento que dirige el ministro José Blanco busca reducir costes, ajustar los plazos de ejecución, mejorar la eficiencia y acabar con la costumbre de realizar modificados de obra, "que sólo existe en España", indicó Rodríguez-Piñero en la asamblea de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI).

Se trata de una de las principales novedades del nuevo sistema de contratación de obra pública que impone al sector la nueva Ley de Economía Sostenible. Se ejecutará a través de unos nuevos pliegos de contratación que ya están listos y serán de obligada aplicación en todos los contratos de obra pública de todas las administraciones del Estado.

Rodríguez-Piñero explicó que los nuevos pliegos también elevan (en un 15%) la importancia que se otorga a la oferta económica que presentan las empresas.

Condiciones más estrictas

Asimismo, el Ministerio trabaja para revisar los criterios de las ofertas técnicas para poder valorar la capacidad de las empresas de cumplir con los plazos y de hacer las obras con la menor molestia posible a los usuarios. La primera obra que Fomento sacará a concurso con las nuevas condiciones de contratación es la de la variante de Beas-Trigueros (Huelva).

El Gobierno busca acabar con las actuales prácticas, por las que las empresas suelen presentar a los concursos de obra pública presupuestos a la baja (inferiores a los de licitación) buscando lograr las obras para, posteriormente, recuperar la diferencia planteando modificaciones de los proyectos.

Según la secretaria general de Infraestructuras, ello genera alargamientos innecesarios de los plazos de ejecución de las infraestructuras, cuando estudios de Fomento corroboran que, al final, las obras cuestan lo que se calcula en su licitación.

Por todo ello, Rodríguez-Piñero llamó al sector a "autorregularse" y a "estudiar profundamente los proyectos antes de presentar ofertas", dado que, según advirtió, el Ministerio será "estricto y riguroso en no aceptar ninguna modificación". "Lo que se hacía antes ya no va a valer", avisó.

En el mismo foro, el presidente de ANCI, Jaime Lamo de Espinosa, solicitó a Fomento y el resto de administraciones públicas que primen a "las empresas que más dependen" de los contratos de obra en el mercado nacional con el fin de contribuir a atajar el desempleo.

"Salir al exterior, aunque genere beneficios y cartera, significa más desempleo en España. Y ése es el problema a resolver, no las cotizaciones bursátiles", indicó.