La Unión Europea y Grecia se encuentran embarcadas en un duro tira y afloja con motivo del desembolso del próximo tramo del rescate y, en última instancia, debido a sus divisiones en cuanto a la receta que es necesario aplicar para sacar al país de la crisis.

Las instituciones internacionales quieren garantizar que Grecia cumple, cueste lo que cueste, con las estrictas condiciones asociadas al programa de asistencia de 110.000 millones que le fue concedido el año pasado antes de entregar nuevos cheques al Gobierno heleno.

Pero la confianza en la capacidad y voluntad del primer ministro griego, el socialista Yorgos Papandréu, de sacar adelante este duro paquete de reformas ha ido reduciéndose con el paso de los meses, según se deduce de algunas declaraciones y conversaciones informales en Bruselas durante los últimos días.

Destacados líderes europeos han pedido a Grecia que ponga en práctica los anuncios hechos meses atrás sobre el plan de privatizaciones de 50.000 millones de euros con el que pretende reducir en 20 puntos la deuda, que alcanza ya el 153 % del PIB.

La Comisión Europea advirtió recientemente de que la deuda pública alcanzará el 157,7 % del PIB en 2011, mientras que el déficit se situará en el 9,5 %, casi dos puntos por encima de lo pactado, si Atenas no toma medidas al respecto.

El Gobierno griego respondió a estos llamamientos a comienzos de esta semana y concretó sus planes de privatización, pese al rechazo que estos generan en la oposición e importantes sectores de la sociedad, que amenazan con la enésima huelga general en un año.

Sin embargo, el anuncio griego parece haber sido insuficiente para Bruselas, donde el discurso ha ido virando en los últimos meses desde "Grecia hace los deberes, está en camino" a "Grecia debe cumplir con sus compromisos antes de hablar de nuevas soluciones para el país".

En este contexto, ya hay voces que piden soluciones más radicales para el estado mediterráneo como el ministro holandés de Finanzas, Jan Kees de Jager, que aboga por crear una agencia independiente que se encargue de gestionar las privatizaciones.

Asimismo, se ha levantado el tabú respecto a la posibilidad de que Grecia efectúe algún tipo de "reestructuración suave" de su deuda, entendida como un alargamiento del plazo de amortización de los bonos, que sería voluntaria para los inversores.

Sin embargo, la reestructuración o "reorganización" de la deuda tampoco es fuente de consensos en la Unión Europea, donde importantes actores como el Banco Central Europeo consideran que supondría un desastre económico de consecuencias tan graves como la caída del banco estadounidense Lehman Brothers.

Dos agencias de calificación de riesgos, Fitch y Moody''s, coincidieron con este análisis en los últimos días, al advertir de los "elevados riesgos de contagio" a otros países de la zona euro "si se produce cualquier tipo de reestructuración de la deuda soberana griega".

El riesgo de contagio, es sin duda, uno de los factores que pesan en la ecuación sobre la situación griega, que deberá ser abordada en la próxima reunión de ministros de Finanzas de la zona euro, que se celebrará en Luxemburgo el 14 de junio.

En el resultado de esa reunión también influirá la evaluación de la misión de la CE, el BCE y el Fondo Monetario Internacional que se encuentra en Atenas desde hace semanas para evaluar los progresos griegos y determinar si será necesario otorgar ayudas adicionales al país, más allá del rescate de 110.000 millones concedido el año pasado.

Grecia, por su parte, ha hecho una advertencia: Entrará en quiebra si no se le concede el quinto tramo de ayuda externa (12.000 millones de euros), aseguró el ministro de Finanzas griego, Yorgos Papaconstantínu.

Lo que parece claro es que la cacofonía de voces y propuestas sólo contribuyen a inyectar nerviosismo a los mercados y a dificultar el trabajo a países como España, Italia o Bélgica, como recordaba hoy un diplomático europeo.