En Canarias, el 8,1% de los trabajadores percibe ingresos en función del volumen de producción o de las ventas de su empresa, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Ello supone, sobre el volumen actual de ocupados (771.200), que sólo 62.000 trabajadores cobra según su productividad.

El dato incluye tanto a los asalariados, que suponen el 84,3% del total de ocupados en el Archipiélago -según el Instituto Nacional de Estadística-, como a los autónomos (15,6%), sean o no empleadores. Este dato es importante porque, a nivel nacional, los ingresos del 45,9% de los empresarios y del 47,5% de los trabajadores por cuenta propia dependen de su productividad, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida en el Trabajo ministerial.

En ese estudio no se ofrece un desglose por autonomías de lo extendida que está la ligazón de los salarios a la productividad, uno de los asuntos que están sobre la mesa de diálogo que mantienen abierta los sindicatos y la patronal para reformar la negociación colectiva.

A nivel estatal, solo el 4,1% de los asalariados está sujeto a ese criterio. Si se analiza por sectores, en el ámbito público el dato baja al 1,1%, lo que allana el camino a que los empresarios sigan exigiendo mayor vigilancia de la productividad en la Administración.

En el sector privado, el 5,3% de los asalariados cobra según lo que produzca o venda la empresa que le paga, dato que se eleva hasta el 23,5% en el caso de los negocios familiares y cooperativas.

El 8,1% de ocupados cuyo sueldo depende en el Archipiélago de su desempeño es el segundo porcentaje más bajo de España, superior sólo al que registra el País Vasco (7%). Las autonomías en las que más extendida está dicha fórmula son Castilla-La Mancha (18,7%), Galicia (16,6%) y Extremadura (15,2%).

Resistencia sindical

Un reciente informe de la patronal provincial CEOE-Tenerife enlaza con este contexto. En él la confederación empresarial echa mano de las conclusiones del Foro Económico de Davos y recuerda que el mercado laboral español es de los menos eficientes del mundo desarrollado, principalmente por su falta de flexibilidad, la palabra a la que más recurre la CEOE en su actual negociación con CCOO y UGT.

La patronal isleña cree "esencial" introducirla en distintos aspectos de la relación laboral trabajador-empresa, como los salarios, pero también en la jornada, el horario o la movilidad. Y lo estima útil para "mantener, y no destruir, el empleo en coyunturas como ésta". En esa línea, CEOE-Tenerife cree que se debe valorar ligar los incrementos salariales de cada año a la productividad de la empresa, algo a lo que, en principio, se oponen los sindicatos.

UGT, por ejemplo, hizo público un informe en marzo para rebatir esa propuesta, que persigue eliminar las cláusulas que anclan los sueldos a la inflación de cada año.

El argumento de fondo del sindicato es que la productividad -que refleja la cantidad de producto que saca adelante cada empleado- crece en épocas de bajón económico, lo que se explica por la pérdida de trabajadores. Por ello -expone UGT-, adecuar los sueldos a la productividad obligaría a las empresas a subir los sueldos en el momento que menos les convendría, de evidente contracción del consumo.

La posición del Gobierno, que no tiene voz en la reforma de la negociación colectiva, es dar entrada a la revisión salarial vía productividad, pero manteniendo la referencia del Índice de Precios de Consumo (IPC).