1 de enero de 2013. A partir de esta fecha, la edad legal de jubilación de los españoles aumentará paulatinamente, hasta situarse en 2027 en 67 años. Es el horizonte al que se oponían los sindicatos CCOO y UGT, que antes de rubricar un acuerdo social con la patronal y el Gobierno amagaron incluso con una huelga general como protesta. En el pacto del 2 de febrero atenuaron esa medida, que se aplicará a quien no haya cotizado al menos durante 38 años y medio a la Seguridad Social cuando cumpla 65.

Ésta es la letra gorda de una reforma de las pensiones que, después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado día 24 el Anteproyecto de Ley que la regula, ha iniciado su tramitación parlamentaria. En ella esperan introducir mejoras al documento no solo los grupos políticos, sino también los agentes que lo acordaron.

Además de la extensión de la vida laboral de los trabajadores, el núcleo duro de la reforma de las pensiones (la futura Ley sobre Adecuación, Adaptación y Modernización del Sistema de Seguridad Social) incluye la ampliación del periodo de cómputo de los años necesarios para cobrar la prestación por jubilación y beneficios para que en el mismo cuenten las épocas de becario o de dedicación al cuidado de los hijos.

En el periodo consultivo previo al visto bueno del Consejo de Ministros se han introducido "algunos matices" -según el Gobierno- al texto consensuado con sindicatos y empresarios. Aún así, el Consejo Económico y Social (CES), uno de los órganos interpelados, también considera que el proyecto "puede mejorarse".

Para el Ejecutivo, no obstante, se trata de un documento "equilibrado e intenso" y que se encamina al objetivo de garantizar que el sistema público de pensiones se pueda sostener en un contexto de progresivo envejecimiento de la población. Y precisamente por este factor habrá una revisión cada cinco años, una vez entre en vigor plenamente la reforma, en 2013. "El factor detonante para un sistema de reparto tiene que ser siempre la esperanza de vida", ha argumentado el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez.

El precedente más inmediato de la posición mayoritaria del Congreso respecto a las pensiones fue la aprobación del informe de recomendaciones del Pacto de Toledo. Fue un proceso previo al que luego derivó en la fotografía del 2 de febrero, lograda después de que el Gobierno acelerara las negociaciones con los agentes económicos y sociales, principalmente con los sindicatos, para evitar un nuevo decreto como el que articuló la reforma laboral y ocasionó la huelga general del 29-S.

A finales de enero, sólo los grupos minoritarios de izquierda (ERC, IU, ICV, BNG y NaBai) y UPyD se opusieron en el Congreso al citado informe, en el que se abogaba por introducir "flexibilidad y gradualidad" a la hora de elevar la edad de jubilación. Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) se abstuvieron.

En el documento se alertaba de que en los próximos 35 años entrarán al sistema público de pensiones 22 millones de personas cuya media de supervivencia (cuando se conviertan en pensionistas) será de 24 años, el doble que en los últimos 35 años.

El Gobierno recalca que el proyecto de ley actual "da respuesta al enorme desafío que supone el envejecimiento de la población para el sistema" y que está "inspirado" en las recomendación de la comisión del Pacto de Toledo. Sus principales contenidos son:

Edad de jubilación.- Se prolonga progresivamente hasta los 67 años, con un periodo transitorio que transcurrirá entre 2013 y 2027. Para obtener el 100% de la pensión será preciso tener cotizados 37 años, pero se podrá acceder a esa prestación completa a los 65, si se suman 38 años y medio. El Gobierno defendía al principio de la negociación que fueran 41.

Quien desee jubilarse después de los 67 se beneficiará de un alza en su pensión de hasta el 4% por año.

Retiro anticipado.- Se permitirá de forma voluntaria, mientras que hasta ahora se hacía por el trámite del despido. Habrá que tener al menos 63 años, con 33 de cotización, y se aplicará un coeficiente reductor de la pensión de entre el 1,875 y el 1,625% por trimestre y un tope del 42%.

En situaciones de crisis empresarial se podrá jubilar a los trabajadores que hayan cumplido 61 años y -de nuevo- hayan estado ocupados durante 33.

Se mantiene la jubilación parcial vinculada a un contrato de relevo, pero la cotización del relevado y del relevista aumentará gradualmente hasta que la empresa asuma el 100% de este gasto.

Además, podrá jubilarse antes de los 67 quien desarrolle actividades con mayor "penosidad, toxicidad, peligrosidad, insalubridad y siniestralidad". Este aspecto aún debe concretarse en un catálogo que se comprometió en 2006.

Periodo de cómputo.- La reforma apuesta por "una mayor proporcionalidad entre el esfuerzo de cotización realizado y las prestaciones recibidas", defiende el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Ello supondrá, en la práctica, que se aumentará de 15 a 25 años el periodo de cómputo para calcular la pensión, con un intervalo transitorio hasta 2022, y se cubrirán las lagunas de cotización de forma "equilibrada".

Para cobrar el 50% de la prestación mínima contributiva habrá que acreditar una vida laboral de al menos 15 años.

Cuando el cuidado de los hijos implique la interrupción de la carrera profesional, al padre o la madre se le reconocerán nueve meses de cotización adicional por hijo, con un máximo de dos años.

También los jóvenes que hayan tenido becas de formación en empresas podrán recuperar dos años de cotización por ellas. Con esta medida se pretende paliar la tardía incorporación de los jóvenes al mercado laboral, algo que se ha acentuado en esta crisis.

En este nuevo escenario, el Gobierno calcula que el 40% de los trabajadores se jubilará con 67 años, que un porcentaje similar lo hará con 65 -gracias a haber completado la carrera de cotización de 38,5 años- y el 20% restante a edades más tempranas.

La patronal provincial CEOE-Tenerife valora que la edad legal de retiro haya aumentado en dos años. Cabe recordar que, a nivel nacional, los empresarios han recomendado que se debería incluso elevar a 70 años.

También aplaude el refuerzo de los incentivos para la prolongación de la vida laboral y la potenciación de las mutuas, a las que se dota de mayor autonomía. Pero echa de menos que la financiación de los complementos a mínimos, que permiten alcanzar la pensión mínima a quien más dificultades tiene, se haga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y dejen de pagarse con los mismos fondos que las prestaciones.

Además, el secretario general de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, considera que la reforma "no hubiese sido tan drástica si no se hubiese destruido tanto empleo". Así, la previsión es que en 2050 habrá 1,65 personas en edad de trabajar por cada jubilado, frente a las cuatro de ahora, y ello tiene que ver no solo con el envejecimiento de la población, sino también con la reducción de ocupados que ha traído consigo la crisis.

A juicio de la directora del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña, Lola Pérez, era necesario adoptar medidas a la vista de las "dificultades que habría para sostener el sistema de pensiones" en los próximos años, y cita los mismos factores mencionados por Alfonso.

Además, recuerda que el futuro de las pensiones depende en buena medida de que se comience a generar empleo cuanto antes.

También en el capítulo de reclamaciones, el CES insta a que se clarifiquen las lagunas de cotización a la hora de aumentar la edad de retiro, que se profundice en la simplificación de regímenes para que solo queden el general y el de autónomos y que se amplíen los supuestos de jubilación involuntaria, entre otras cuestiones. El Gobierno dice haber incluido "entre el 70 y el 80%" de las recomendaciones del CES.

Desde la óptica sindical, el secretario de Economía y Políticas Sectoriales de CCOO-Canarias, Carmelo Jorge, subraya que la negociación social que fraguó el acuerdo sobre pensiones "ha conseguido limar los aspectos más regresivos" de la reforma y ha equilibrado los efectos de esta sobre los distintos colectivos que conviven en el sistema.

Para CCOO, el diálogo social ha permitido, por ejemplo, y además de lo ya citado en cuanto a la "flexibilidad" del nuevo horizonte de jubilación, activar el nuevo derecho subjetivo para que un trabajador pueda jubilarse a partir de los 63 años sin que medie, como hasta ahora -vía despido- la decisión del empresario que lo emplea.

Y también da valor a que el periodo de cómputo de la prestación haya quedado en 25 años y no abarque toda la vida laboral, como pretendían empresarios y Gobierno, y a que se refrende la apuesta por un sistema de reparto, asistido, pero no sustituido, por fondos de pensiones privados.

UGT resalta la protección social dirigida a mujeres (mediante el reconocimiento del cuidado de los hijos como periodo de cotización) y jóvenes (inclusión de las becas en la vida laboral), y recuerda que el anteproyecto de ley obliga a que el Gobierno intensifique este tipo de medidas, ampliándolas dentro de un año al cuidado de personas dependientes, por ejemplo.

Este sindicato recalca que intentará aprovechar el trámite parlamentario "para ir introduciendo mejoras" en dicho anteproyecto. En concreto, buscará que se pula el tratamiento que da a los jóvenes y que no sea obligatorio permanecer seis meses en paro para poder jubilarse anticipadamente.

Posiciones en el Congreso

Las perspectivas respecto al apoyo que tendrá el documento consensuado en el marco del diálogo social y luego retocado por el Gobierno son positivas, según el Ejecutivo, que confía en lograr "un amplio grado de respaldo" entre el resto de grupos parlamentarios.

No obstante, hasta ahora el PP, que comanda la oposición, no ha trasladado tal apoyo. Su coordinador de Economía, Cristóbal Montoro, ha dicho que la reforma de las pensiones no es "urgente para salir de la crisis" y ha señalado que el Gobierno se "escuda" en una proyección demográfica para "reducir" las pensiones.

En esa línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuantifica en un 9% de media ese recorte.

Sí ha declarado su respaldo de antemano Coalición Canaria, que considera que la reforma "da estabilidad y garantía de futuro" al sistema público de pensiones.