Antes de mitad de mes, previsiblemente el próximo día 10, el Banco de España (BdE) publicará el nivel de capitalización de cada entidad crediticia de acuerdo con sus estados financieros de 2010. Aquellas que no lleguen a los nuevos mínimos, fijados en el Real Decreto-ley para el reforzamiento del sector financiero que aprobó el pasado día 18 el Gobierno central, tendrá que presentar en 15 días un plan con un calendario definido y un programa sobre la forma en que van a conseguir el capital que necesitan. El objetivo es disipar las dudas sobre la salud del sistema bancario español en su conjunto dejando claro qué entidades tienen deficiencias de capital y el dinero que necesitan para sanearse.

De entrada, Novacaixagalicia estará en la lista, dado que inmediatamente después de la aprobación de las nuevas medidas pidió más ayudas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), del que ya había recibido 1.162 millones.

El plan oficial es que si llegado el 30 de septiembre hay entidades que siguen sin alcanzar los mínimos, el Banco de España y el Frob actuarán forzando, en el caso de las cajas, el traspaso de su negocio financiero a un banco y el Estado pasará a formar parte de su accionariado, con lo que se producirá la nacionalización parcial o total de la entidad. El supervisor también podrá obligar a restringir las remuneraciones de los gestores de las incumplidoras, hayan pedido ayuda al Frob o no. En el futuro, concretó la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado día 18, si su nivel de capital es inferior en un 20% o más a lo exigido, también podrán restringir el reparto de dividendos y la recompra de acciones.

El Real Decreto-ley 2/2011 modifica los estatutos del Frob para que pueda adquirir acciones o aportaciones al capital social de las entidades para el reforzamiento de sus recursos propios. Su precio se fijará conforme al valor económico de la entidad y con el visto bueno de expertos independientes. Al mismo tiempo, se modifica la composición de su comisión rectora, que quedará integrada por nueve miembros, dos en representación del Ministerio de Economía y Hacienda, cuatro a propuesta del Banco de España y tres en representación de los Fondos de Garantía de Depósitos.

Sobre si serán suficientes los fondos previstos en el Frob, la ministra Salgado aseguró, en la misma rueda de prensa, que los 90.000 millones con los que cuenta -de los que se han concedido ya créditos por importe de 11.559 millones- son más que suficientes. Y agregó que, según los cálculos del Gobierno, no será preciso "inyectarles" a las entidades en apuros más de 20.000 millones. Si optan por acudir al Fondo, añadió Salgado, las ayudas deben ser devueltas o convertidas en acciones en 5 años, aunque durante el primero, ampliable a dos de forma excepcional, se permitirá a las entidades recomprar sus títulos en condiciones de mercado sin necesidad de que medie procedimiento competitivo.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, apuntó el pasado lunes 21, en la rueda de prensa en que analizó las nuevas medidas del Gobierno, que cuando el Estado salga del capital de las cajas que sean nacionalizadas el precio lo pondrá el Frob. Como mínimo se exigirá el 8% anual de compensación. Así, a modo de ejemplo, si una caja recibe 2.000 millones, quien quiera comprarla transcurrido el plazo límite de cinco años deberá pagar 2.800 millones.

En los últimos meses, detalló el gobernador del BdE, no solo se ha llevado a cabo la mayor consolidación bancaria realizada en España (que ha permitido pasar de 45 cajas de ahorros a 17 entidades o grupos, además de otros procesos de concentración en bancos y cajas rurales), sino que se ha producido un notable saneamiento de los balances, se ha reforzado ampliamente la transparencia con la difusión de información detallada sobre riesgo inmobiliario y financiación mayorista, y se ha mejorado la eficiencia con la corrección del exceso de capacidad del sector.

Además, la reforma de la ley de cajas, aprobada con un amplio consenso de los grupos políticos en el Parlamento, ha permitido, sostuvo, resolver el problema que suponía la dificultad para obtener capital de máxima calidad y mejorar la gobernanza de estas entidades.

El proceso de reestructuración y saneamiento emprendido por las cajas para corregir los desequilibrios acumulados durante los años de bonanza económica era imprescindible para poder recuperar la confianza de los mercados, recelosos ante todo de la excesiva exposición al sector de promoción y construcción inmobiliaria y la dependencia de la financiación mayorista.

Recuperar la confianza

Con datos a diciembre de 2010, la exposición total de las cajas al sector inmobiliario y constructor ascendía a 217.000 millones, de los que 173.000 correspondían a inversión crediticia (que representa el 18% del total del crédito de las cajas) y 44.000 millones a inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas. De esa cifra, la inversión potencialmente problemática (créditos dudosos, etcétera) suponía 100.000 millones de euros.

Adicionalmente al esfuerzo de transparencia, se ha realizado un saneamiento de los activos, a través de la aplicación de la normativa contable aprobada por el BdE. Por esta vía, el instituto emisor ha garantizado que las cajas cuenten hoy con un nivel alto de cobertura de sus riesgos a través de provisiones y hayan aplicado un nuevo enfoque en el tratamiento de sus exposiciones con el sector de promoción y construcción inmobiliaria. En concreto, tienen reconocido como inversión potencialmente problemática un porcentaje altísimo de su inversión crediticia en este sector (el 46%) y el 100% de las pérdidas incurridas en esta cartera están cubiertas con provisiones. En cuanto a la corrección del exceso de capacidad instalada, que se generó por el rápido crecimiento de las redes en los años de ciclo económico alcista, cabe recordar que los planes de integración de cajas recogen un importante ajuste en el número de sucursales (entre el 10% y el 25%) y el volumen de personal (entre el 12% y el 18%), que las entidades están ejecutando con celeridad, lo que les está permitiendo mejorar sus niveles de eficiencia.

El BdE considera que el agravamiento de las dificultades de financiación en los mercados internacionales debido al aumento de la desconfianza, sobre todo a raíz del segundo episodio de la crisis de la deuda soberana, que se centró el pasado mes de noviembre en Irlanda pero que provocó un efecto contagio hacia otras economías de la eurozona, obligaba a adoptar más medidas para acelerar y completar los avances ya realizados con la reestructuración del sistema bancario español.

La fortaleza del sistema financiero nacional, en cualquier caso, queda patente en un dato objetivo, desde que estalló la crisis financiera internacional hace más de tres años y medio, sólo dos entidades de crédito han entrado en crisis: Caja Castilla-La Mancha (CCM) y CajaSur. Y el tamaño conjunto de las dos sólo suponía algo más del 1% de los activos totales del sistema.

Fortaleza del sistema

El 29 de marzo de 2009, bajo el marco de actuación tradicional de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD), se acordó la sustitución de los administradores de CCM por otros designados por el BdE. Una vez concluido el proceso de reestructuración, el negocio bancario de CCM se integró en el grupo Cajastur (SIP Base) en septiembre de 2010. La operación de saneamiento de CCM recibió las siguientes ayudas del FGD de Cajas: 2.475 millones en un esquema de protección de activos de segundas pérdidas, y una operación de compra de activos en la que se reconocieron unas pérdidas de 596 millones que podrían variar en función del resultado que se obtenga de la enajenación de los activos adquiridos. Con esta compra de activos se reembolsaron unas participaciones preferentes y un préstamo transitorio previamente concedidos por el FGD.

CajaSur fue intervenida el 21 de mayo del 2010, de acuerdo con el nuevo marco del Frob, que asumió la administración provisional de la entidad y en 55 días gestionó la adjudicación de su negocio, a través de un proceso competitivo, a BBK, con unas ayudas finales que ascendieron a 392 millones, instrumentadas mediante un esquema de protección de activos.

Con todo, no es una cuestión baladí, en el marco del actual proceso de reestructuración, saneamiento y capitalización del sector bancario español durante la crisis que el pasado día 24 de febrero el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara que el BdE amonestó a la CCM por "poner en peligro la solvencia y viabilidad de la entidad dadas las deficiencias de su gestión administrativa y contable".

Un día antes, la agencia de calificación de riesgos Standard and Poor''s (S&P), en un informe, consideró positiva la reestructuración del sistema financiero puesta en marcha en España, pero aseguró que 11 cajas necesitarán capital adicional para cumplir con los nuevas exigencias de dinero y criticó que algunas fusiones se hayan producido entre las entidades "más débiles".