La Asociación Canaria de Energías Renovables y el Cluster Ricam han presentado una queja al Diputado del Común de Canarias, para que la eleve al Defensor del Pueblo, por entender que la nueva normativa en materia de energía fotovoltaica causa un grave perjuicio económico y patrimonial a Canarias.
Esta entidad afirma en un comunicado que este perjuicio afecta no sólo a las empresas del sector sino también a las arcas públicas, pues calcula que se producirán pérdidas por valor de 118 millones de euros.
Además sostiene que crea inseguridad jurídica, lo que a su vez redundará en un mayor perjuicio económico del contabilizado directamente.
"Este hecho, es probable que perjudique a otros futuros proyectos de inversión, incluso en otros sectores. ¿Qué empresa afectada creerá en España para invertir?", se cuestiona.
Asimismo entiende que tendrá consecuencias para los 4.527 empleos directos del sector en Canarias, cuyos puestos se verán "seriamente en peligro".
Añade que las disposiciones adicional primera y transitoria segunda del real decreto ley que regula el sector tienen visos de ser inconstitucionales.
Afirma también que se vulneran principios tan importantes como la seguridad jurídica y confianza jurídica, la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, el principio de igualdad ante la ley y de no discriminación, entre otros.
Critica que no se ha tenido en cuenta el hecho insular y la ultraperificidad de Canarias y pide que se tenga en cuenta la singularidad canaria en materia energética, pues la dependencia de las islas del fuel y el gasoil en un 94 por ciento es insostenible, mientras que producir energía con fuentes renovables ahorra dinero.