Seis meses después de la publicación de la Ley 15/2010 por la que se establecieron una serie de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, la normativa ha generado una serie de "dudas interpretativas", según sostiene en un comunicado remitido a este periódico por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal), que agrega que esta situación "está amparando actuaciones interesadas por parte de diversos actores que desvirtúan el espíritu de la ley, imposibilitando la consecución del fin que persigue".
Confemetal argumenta que "no se está logrando corregir los desequilibrios que se venían produciendo bajo el anterior régimen legal en relación con los acuerdos sobre plazos de pago e intereses de demora que, con frecuencia, eran excesivos, e incluso, abusivos".
La patronal del metal subraya que "los problemas derivados de la actual coyuntura económica están impidiendo la aplicación de varios mecanismos contemplados en la normativa, cuya potencial trascendencia en la reducción de los plazos de pago no es nada desdeñable".
Líneas ICO
A modo de ejemplo, destaca que "esta ley encomendaba al Instituto de Crédito Oficial (ICO) la apertura de una línea de crédito en 30 días para facilitar a las entidades locales el pago, en condiciones preferentes, de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010".
Al margen de esta medida, que califica como de "vital importancia", la confederación cita la ley que el Parlamento aprobó en septiembre, por la que se conminaba al Gobierno a establecer una línea ICO morosidad. Sin embargo, recalca que ninguna de estas dos han salido adelante hasta la fecha, "ni las perspectivas son ahora más halagüeñas", apostilla.
A su modo de ver, "la falta de claridad y consenso" respecto a las medidas que deben arbitrarse para hacer frente a esta situación, explica la idea del Ministerio de Trabajo e Inmigración de crear "un mecanismo de seguimiento de la aplicación de la ley y de sus consecuencias". Al respecto, destaca que aún no se ha concretado cual sería esta figura, pero apunta a "un Observatorio de la Morosidad", similar al que existe en Francia.
Por último, apremia al Ejecutivo central para que "se mantenga firme en su propósito de luchar contra la morosidad y actúe de forma coherente, articulando acciones que desencallen y hagan efectivos los instrumentos que ha articulado para tal fin". En este sentido, insiste que "está en juego la competitividad del Gobierno" y enfatiza que se conseguiría "una notable inyección económica a la economía productiva española".